Matías Capoblanco, integrante de la UTEP y de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores cuestionó la decisión del Ministerio de Capital Humano de eliminar el pago de 78 mil pesos que percibían trabajadores de la economía popular a través del programa Volver al Trabajo. Aseguró que la medida golpea a más de 900 mil personas y adelantó que continuarán el reclamo por la vía judicial y con movilizaciones.
La decisión del Ministerio de Capital Humano de avanzar con la eliminación del pago de 78 mil pesos mensuales que percibían beneficiarios del programa Volver al Trabajo generó un nuevo rechazo de las organizaciones sociales. La medida, ratificada por la Justicia tras el rechazo a un amparo presentado por distintos movimientos, implica el fin del ingreso que los trabajadores de la economía popular consideran un salario social complementario, destinado a quienes desarrollan tareas en cooperativas, comedores comunitarios, reciclado urbano y otras actividades comunitarias.
En diálogo con No Te Duermas, por Pulenta Stream, Matías Capoblanco, integrante de la UTEP y de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, sostuvo que la decisión del Gobierno nacional representa un nuevo ajuste sobre los sectores más vulnerables y advirtió que el recorte no solo afecta a quienes percibían el ingreso, sino también a las economías barriales donde ese dinero circulaba.
Un ingreso que complementa el trabajo
Para Capoblanco, el programa Volver al Trabajo nunca fue un plan asistencial, sino un reconocimiento a quienes sostienen actividades dentro de la economía popular. “Lo que nosotros llamamos salario social complementario, que este gobierno rebautizó como Volver al Trabajo, entendemos que es un trabajo. Lo que nos faltan son derechos y ahora nos están sacando el ingreso fijo que tenían muchas familias”, afirmó.
Ese ingreso era de 78 mil pesos mensuales, una cifra que, según explicó, resultaba indispensable para afrontar gastos básicos.
“Son 78 mil pesos. Parece poco, pero era un ingreso fijo para un montón de familias que garantizaba algunas cuestiones. En estos momentos tan difíciles servía para pagar una parte de la luz, una parte del alquiler o comprar comida. Y vienen a atacar justamente sobre eso”, sostuvo.
El dirigente también cuestionó el argumento de que la eliminación del beneficio tendrá un impacto significativo sobre las cuentas públicas. “La gente dice que somos planeros, que no trabajamos, y el costo que tiene eso es el 0,1 del PBI de la Argentina. Entonces no van a arreglar muchas cosas con esta medida. Ellos están gastando mucha otra plata. Me parece que la mentira de que no había plata se terminó; en realidad sí había plata y prefieren dársela a un grupo concentrado”, expresó.
Reclamo judicial y movilización
Capoblanco recordó que las organizaciones sociales habían logrado frenar momentáneamente la medida mediante un amparo judicial, aunque posteriormente la Cámara Federal habilitó su implementación.
“Nosotros presentamos un amparo a la Justicia y eso se pudo frenar por un tiempo, pero después apelaron y la Cámara Federal aprobó la medida diciendo que era un problema administrativo del Ministerio”, explicó.
Ante ese escenario, aseguró que la discusión continuará tanto en los tribunales como en las calles. “Vamos a volver a discutir esto en la Justicia, pero también en la protesta popular, en la visibilización y en todos los espacios donde podamos alzar la voz: en un programa, en una radio, en las redes sociales. Creo que todo suma porque hay mucha desinformación”, afirmó.
El referente de la UTEP remarcó que el concepto de salario social complementario fue impulsado hace una década como una herramienta para reconocer el trabajo que realizan miles de personas excluidas del empleo formal. “Nosotros planteamos el salario social complementario hace diez años, durante la Emergencia Social, y se consiguió ese derecho para la economía popular”, recordó.
En ese sentido, explicó por qué consideran que esa denominación refleja con mayor precisión la realidad del sector. “Es salario porque es un trabajo que hace un montón de gente que se reinventó laboralmente. Es complementario porque complementa esa actividad, y es social porque cumple un rol para toda la comunidad”, señaló.
Como ejemplo, destacó el trabajo cotidiano que realizan quienes sostienen comedores comunitarios y quienes se dedican al reciclado urbano. “Las compañeras de los comedores le dan de comer a un montón de pibes y de abuelos. Nosotros, desde el trabajo cartonero, brindamos un servicio a la sociedad. Es un trabajo social, es un laburo”, dijo.
Las críticas a las alternativas del Gobierno
Consultado sobre las capacitaciones que el Gobierno anunció como reemplazo del programa, Capoblanco sostuvo que nunca llegaron a implementarse como se había prometido.
“Si se hubiese implementado como se suponía, yo no estaba en desacuerdo con que una persona aprendiera un oficio y pudiera tener otra salida laboral. Pero tampoco se llegó a eso. Eso fue una mentira”, aseguró.
Asimismo, advirtió que la eliminación de Volver al Trabajo deja sin ese ingreso a más de 900 mil personas, mientras que las capacitaciones oficiales alcanzan a un número considerablemente menor.
“La caída de Volver al Trabajo afecta a más de 900 mil personas y las capacitaciones alcanzaron a unas 177 mil. Además, muchas se ofrecen en lugares donde la gente no puede llegar. Una persona de Jujuy o de Misiones no va a viajar para hacer una capacitación en Buenos Aires”, señaló.
Para el dirigente, la discusión también debe contemplar el impacto económico que esos ingresos tenían dentro de los barrios. “Los 78 mil pesos que gana doña María no se van al exterior; van al quiosco de la esquina, a la verdulería o al almacén. Cambian la economía de un barrio. No van a paraísos fiscales, hacen crecer la economía popular de los barrios”, afirmó.
Finalmente, cuestionó las consecuencias sociales de la medida y aseguró que el ajuste recae sobre quienes atraviesan las mayores dificultades. “Hay un montón de compañeros que no llegan a fin de mes y otros que no llegan a fin de día. Hay gente que tiene que decidir qué día comer. Entonces creo que es muy inhumano y muy cruel lo que están haciendo”, concluyó.
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