El Congreso Nacional en sus dos cámaras, aprobó la ley de Emergencia en Discapacidad, donde se declara la emergencia en discapacidad en toda la Argentina hasta el 31 de diciembre de 2027.
Por Emilio González Larrea
lapaz50@yahoo.com.ar
Esta ley viene a atender la problemática de 1.200.000 personas en nuestro país que, como dice el diputado Daniel Arroyo, autor de la misma, “están en una situación desesperante”, “vienen siendo muy maltratadas”. Javier Milei ha declarado que la va a vetar, así como las otras dos leyes referidas a la jubilación: la recomposición de los haberes de los jubilados y la prórroga de la jubilación anticipada, llamada de moratoria.
Daniel Arroyo, diputado nacional por Unión x la Patria
El Congreso en sus dos cámaras aprobó la ley de Emergencia en Discapacidad ¿Puede decir qué tan grave es en Argentina la situación de la discapacidad?
“La ley de Emergencia en Discapacidad es de pura justicia y de estricta humanidad. La situación de la discapacidad en Argentina es desesperante; las familias están pasando situaciones extremadamente críticas. Para que tengan una idea una persona que trabaja en un taller protegido gana 28 mil pesos por mes, a un transportista de discapacidad que debería llevar 5 días a una persona como corresponde al tratamiento, le pagan 541$ para el litro de nafta, cuando la nafta tiene un valor de 1300 por litro, con suerte por ese valor puede llevarlo dos días. Una acompañante terapéutica cobra por 180 días, 3000 pesos la hora, por lo tanto, el sistema está totalmente desfasado. Y por supuesto el valor de las pensiones por discapacidad están absolutamente rezagadas”.
¿Qué dice la Ley?
“La ley en primer lugar actualiza el nomenclador. Remitiéndonos a diciembre de 2023 hubo un 120% de inflación, por lo cual se propone actualizar los valores para que el transportista pueda cobrar la nafta lo que sale, el terapista pueda trabajar, los talleres, los hogares y los centros de día puedan funcionar, atendiendo como corresponde y las personas puedan recibir los medicamentos.
En segundo lugar, la ley busca reordenar las pensiones por discapacidad y obliga al Estado a salir del maltrato hacia estas personas.
La ley fue votada por dos tercios en la Cámara de Diputados, por diversos sectores y por unanimidad en el Senado, por lo cual espero que el presidente no la vete y la ponga en marcha inmediatamente”.
¿Qué universo de personas comprende la discapacidad en la Argentina?
“La Argentina tiene 5 millones de personas en situación de discapacidad, de las cuales 1.200.000 cobran la pensión y hay 300.000 que padecen situaciones como no recibir atención en ninguna obra social, sea ésta prepaga o en el servicio de Incluir Salud. Podemos afirmar que las personas con discapacidad y sus familias no aguantan más, por eso hubo movilizaciones tan grandes, y entiendo que el Estado debe hacerse cargo en forma urgente de esta situación”.
¿A esto se le agrega que el gobierno nacional ha enviado alrededor de 400 mil citaciones de auditorías para revisar las pensiones adjudicadas?
“SI. Y lo ha hecho muy mal. Porque está bien hacer una auditoria, viendo si hay alguna concedida en forma irregular, por ejemplo si un médico dio muchas altas o existe una localidad donde hay altas por encima del promedio, es bueno revisar esos casos. Pero el gobierno le ha mandado cartas documentos a la tercera parte de las pensiones adjudicadas, generando un caos tal, que provoca que las personas discapacitadas tengan que soportar horas de colas en los centros de salud o deambular porque no tienen los especialistas para su problemática; también les mandan a personas que tienen una dolencia de nacimiento y es de por vida. Es algo muy mal hecho y agraviante que las personas tengan que volver a pasar por esa situación”.
Si es un sufrimiento. Muchas personas cuentan que van y no pueden ser atendidas por falta de especialistas en el equipo médico del centro de salud u hospital.
“Por supuesto. Ni siquiera les avisaron a los médicos qué papeles tenían que pedir, no avisaron a la ANSES, el 40% de las cartas documentos no han llegado a los domicilios. El gobierno emitió una resolución en el mes de enero, la derogó en mayo y nos encontramos que hoy nadie sabe qué hace falta para obtener una pensión, de qué manera se hace y el médico no sabe exactamente qué evaluar, la verdad es un desastre, parecería que adrede se hiciera todo mal”.
Si vemos que las personas que accedieron al CUD (Certificado Único de Discapacidad) son el 25% del universo de la discapacidad en la Argentina. ¿Puede ser tan problemático que el Estado reconozca a esas personas como tales para que reciban los beneficios de acuerdo a su situación?
“Así es. De hecho hay 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión, tienen el Certificado Único de Discapacidad y completaron todos los trámites, de ese total solo obtuvieron la pensión 586 personas, el 0,1 %. Eso muestra el nivel de ajuste que está haciendo el gobierno nacional”.
¿Qué costo tiene la implementación de la Ley de Discapacidad? ¿Por qué el gobierno insiste en que estas leyes rompen el equilibrio fiscal?
“Casi nada, 0,003% en lo que hace al nomenclador. Pero debemos decir que no es costo, sino deuda con la discapacidad, ya que el Estado no actualizó el nomenclador de acuerdo a la inflación, en todo el año 2024 el aumento fue del 0,5%, por eso estamos con este problema. Es deuda del Estado con las familias con discapacidad, permítame poner un ejemplo: si se trabaja 6 meses en una empresa y no le pagan, al momento de hacerlo no se puede hablar de costo empresario, aquí es lo mismo el Estado nacional no cumplió con la ley al no actualizar el nomenclador para discapacidad, por lo tanto, el gobierno no tiene que aportar fondos nuevos para esto, solo tiene que utilizar los fondos que se ahorró durante todo este tiempo y por esa razón las personas con discapacidad están tan maltratadas”.
¿Por último, cree que si Milei, como ha venido diciendo, veta la Ley, se podrán conseguir los votos en la Cámara para rechazar el veto?
“En principio creo que no la debería vetar, no se puede ser tan cruel e inhumano para rechazar una ley como ésta. Y si lo hace, vamos a insistir para rechazar el veto. Si todos los que la votaron, mantienen su voto tenemos los dos tercios. Pero insisto, lo lógico sería que no la vete y se ponga en vigencia para así poder tener una justa política pública en discapacidad”.
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