Por Carlos Matías Sánchez
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Hace cuatro décadas, el odio hacia el peronismo y el temor a la insurrección popular, que a partir de 1976 arrasaría con los sectores más combativos de la política y el sindicalismo, y en especial con la juventud revolucionaria, manchaba con sangre una vez más las manos de nuestras Fuerzas Armadas, en un crimen que recién hoy comienza a juzgarse.
Corrían los primeros ’70, una época de cambios no sólo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica y el mundo. La senda marcada por los “barbudos” libertadores de Cuba en 1959, derrotando a la dictadura de Batista) que mantenía al país en la miseria con la anuencia del imperio estadounidense), sería tomada por los pueblos de muchos sitios en los que aquella situación de colonialismo e injusticia social estaba más que arraigada.
En este contexto, la juventud tomaría un papel determinante, en especial la más formada, aquella que había podido acceder a la educación superior y comenzaba a cuestionar el orden vigente, haciéndolo visible políticamente. Movilización expresada en aquel Mayo francés o en las rebeliones estudiantiles de México.
La juventud argentina no fue la excepción, y muchos jóvenes de clase media cuyos padres muy probablemente habían aplaudido el golpe de 1955, se sumaban al movimiento nacional que tantas conquistas había logrado en la década del ’40, dándole un cariz revolucionario inspirado en las ideas y los sucesos que comenzaban a hacer temblar al poder fáctico en todo el planeta.
En el caso argentino, había sido proscripta y combatida la principal expresión política de los sectores populares, nada menos que el peronismo, que en 1952, tres años antes de su derrocamiento, había superado el 60% de los votos en elecciones democráticas; y que para esos años había equiparado la participación de los trabajadores en la riqueza del país a la de los empresarios.
La inicial actitud conciliadora de Lonardi fue rápidamente reemplazada por el antiperonismo furioso de Aramburu y Rojas, quienes expresaron con una de sus primeras y principales medidas el rumbo social, económico y político que le darían al país: el ingreso al Fondo Monetario Internacional.
Los gobierno seudoconstitucionales que siguieron a la Revolución Fusiladora (llamada así por los crímenes del basural de José León Suárez) poco hicieron para cambiar la situación del peronismo y de la CGT. Frondizi, asfixiado por los planteos militares, dilató más de la cuenta su legalización, incumpliendo el pacto que lo había llevado al poder. Illia, en una situación similar, no reparó en que más gente había votado en blanco antes que a él y sin embargo asumió la presidencia y mantuvo ese estado de cosas.
Esto no era suficiente para el Partido Militar, que en 1966 decidió volver a hacerse cargo del gobierno, pero a los tres años sufrió ese cimbronazo que fue la huelga conjunta entre estudiantes y obreros en Córdoba. Algo estaba sucediendo.
Los setenta se iniciaron con las primeras acciones de las organizaciones guerrilleras, que se propusieron desgastar al gobierno militar para conseguir el regreso del peronismo a la vida política legal y la vuelta de su máximo líder, que manejaba los hilos desde España. La alarma comenzó a extenderse entre las Fuerzas Armadas.
Por eso en agosto de 1972, cuando guerrilleros pertenecientes a las organizaciones más importantes (Montoneros, ERP, FAR), tomaron la prisión de Rawson y emprendieron la fuga, la respuesta no se hizo esperar y contó con un espíritu que intentó ser aleccionador. En pocas palabras, todo terminó en una masacre.
Un primer grupo, formado por algunos de los más importantes líderes guerrilleros (Santucho, Gorriarán Merlo, Osatinsky, Menna, Quieto y Vaca Narvaja) logró escapar. El resto, sin embargo, llegó tarde al despegue del avión que partió a Chile y fue rodeado por los oficiales del ejército. Aquellos 19 militantes fueron arrestados, obligados a rendirse y fusilados en la base Almirante Zar de Trelew, con el capitán Luis Emilio Sosa y el teniente Roberto Guillermo Bravo como máximos responsables.
Entre los muertos se encontraban la profesora y dirigente tucumana Susana Lesgart, esposa de Vaca Narvaja, y el estudiante de agronomía cordobés Mariano Pujadas. El ingeniero químico Ricardo Haidar, por su parte, sobrevivió al fusilamiento. Mientras, el 16 de agosto, había sido asesinado Capuano Martínez. En los meses siguientes, serían asesinados Jorge Escribano, Gerardo Burgos y José Enrique Carral.
Esta violenta represión contra la izquierda revolucionaria en crecimiento se complementaba con el Gran Acuerdo Nacional, la estrategia de Lanusse para reintegrar al peronismo al sistema político aislando a sus sectores más radicalizados y recién llegados a la política. Sin embargo, la victoria de Cámpora y los festejos de aquel 25 de mayo de 1973, liberación de presos políticos incluida, hizo a las clases dominantes y al imperialismo recobrar e incluso alimentar su temor a un cambio profundo que derrumbe sus históricos privilegios.
Este miedo, lamentablemente, fue despejado con efectividad a partir de 1976, cuando llegó al gobierno una nueva dictadura cívico militar dispuesta a aplicar el programa neoliberal que desde los centros mundiales de poder se impulsaba.
Para ello necesitaron disciplinar a la sociedad y eliminar cualquier intento de cambio, misión que cumplieron con creces implantando el sistemático terrorismo de Estado que dejó más de treinta mil desaparecidos y una herida que recién hoy, con el juicio y castigo a sus responsables y la recuperación de algunos de los hijos de sus víctimas, comienza a cerrar.
Es decir, en 1976 comenzó a ser sistemático lo que en 1972, en Trelew, y en 1975, con el llamado Operativo Independencia, se había ensayado. De la misma manera, así como desde 2003 se comenzó a juzgar sistemáticamente a los responsables del genocidio, hoy se retoma la intención de hacer justicia por lo de aquel 22 de agosto. Tarde, sin dudas. Pero no deja de ser una buena noticia para un país que quiere superar esos capítulos negros de su historia.
