El imputado fue apresado en las últimas horas tras ocho allanamientos llevados a cabo en las localidades de Morón, Isidro Casanova, Villa Luzuriaga, San Martín y Ciudad Evita, por efectivos de la División ANTIFRAUDE de la Superintendencia de INVESTIGACIONES FEDERALES de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 6 de Morón a cargo del Dr. Ricardo Julio FRAGA, a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 de Morón Especializada en Delitos Complejos a cargo de la Dra. Adriana SUAREZ CORRIPIO, en el marco de una causa donde se investigan distintos hechos extorsión en concurso real con un homicidio en grado tentativa, ocurrido en diciembre del año 2021 en la localidad de Morón.
El sangriento hecho tuvo una importante repercusión periodística, pues en las filmaciones del comercio quedó registrado la crueldad con la que actuaron los sicarios, contra un hombre mayor dueño de un supermercado chino.
Si bien el atentado fue perpetrado por sicarios locales, una vez que tomó intervención la División Antifraude de la Policía Federal Argentina, especialista en la investigación de delitos extorsión, se pudo determinar que la agresión sufrida por la familia de la víctima era solamente la punta del iceberg del calvario por el que pasaban el titular del supermercado y su hijo, ambos honestos comerciantes de la zona oeste.
Tras una paciente y metódica investigación dirigida por la titular de la Fiscalía y materializada por los detectives de Antifraude, se pudo comprobar que el imputado -cuya identidad nunca trascendió- se trataba de un caudillo comercial chino de zona oeste, que administraba más de una docena de supermercados y que imponía sus reglas del submundo con mano de plomo.
El sospechoso, con 25 años de residencia en la Argentina, se encargaba de poner supermercados para luego revenderlos a otros ciudadanos chinos con menor tiempo de residencia en el país.
Una vez que sus connacionales adquirían el comercio, comenzaban el calvario como el caso de un damnificado y su padre, quienes luego de comprar el comercio, comenzaron a sufrir el acecho y a lo que debían pagar aranceles en dólares estadounidenses mediante extorsión para garantizar su seguridad.
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