La Corrientes Clasista y Combativa denuncia una persecución ilegal por parte de la jueza Alicia Vence.
Por Matías Rodríguez
matiasrodriguez@gmail.com
La causa iniciada en el 2019 por Patricio Martínez, entonces abogado del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno anterior fue reactivada por la jueza Alicia Vence. La denuncia indicaba que tres beneficiarios de un programa social llamado Proyecto Productivo Comunitario fueron víctimas de una extorsión por parte de la organización para pagar una contribución.
Los denunciantes afirman que referentes de la CCC les plantearon que como ellos no realizaron el aporte económico, les dieron de baja del plan social y no pudieron seguir cobrándolo.
El fiscal Sica, quien tenía la investigación a cargo en ese momento, elevó un informe que explicaba que los denunciantes figuraban como activos en el programa y por lo tanto se encontraban cobrando la ayuda social. No obstante, la jueza Vence, en febrero del 2022, ordenó iniciar tareas de inteligencia sobre la organización a fin de investigar sobre la concreción del delito.
Abogados de la organización aseguran que los denunciantes fueron llevados por motivaciones políticas. Según los letrados, estos se encuentran militando en ConstituyendoAR, una ONG vinculada al macrismo en San Martín.
En el proceso iniciado por la jueza, se intervinieron teléfonos, se realizaron tareas de espionaje y se allanaron locales políticos, domicilios particulares de militantes y hasta merenderos populares.
La CCC se manifestó en un comunicado rechazando las actividades de inteligencia sobre su organización e inició acciones legales para terminar con el proceso judicial en su contra y exige a la justicia que reponga los daños materiales provocados durante los allanamientos.
“Esta causa se convirtió en una verdadera excursión de pesca, donde no se investiga un hecho, sino que se busca por medios ilegales, encontrar algo para imputar falsamente delitos y poder atacar a una organización social, colocándola como una asociación delictiva”, aseguraron.
Paula Quinteros, abogada de uno de los militantes denunciados, afirmó: “No hay mérito para considerar que los aportes que presuntamente reúne la Corriente Clasista y Combativa sean provenientes de una exigencia ilegal, amenaza o extorsión”.
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