La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza (ADUNLaM) y la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) dieron las gracias a la comunidad universitaria tanto por el apoyo como por la adhesión al paro de 48 horas.
“Nuestro reconocimiento a los estudiantes como así también a las autoridades académicas por el respeto expresado en cuanto a la aplicación de esta medida de fuerza”, aseguraron las autoridades gremiales en su página de Facebook luego de un acatamiento superior al 80% en el cese de actividades.
Sin embargo, ADUNLAM convocó a toda la colectividad educativa a participar el próximo jueves 30 de agosto a la “Marcha en Defensa de la Universidad Pública” donde se movilizarán desde el Congreso Nacional hasta el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación porque “la lucha continúa”.
La situación de las universidades públicas en general se encuentra agravada debido a la restricción generalizada y el desfinanciamiento que sufren a partir de factores tales como la devaluación, al acumularse deudas en pesos de presupuestos no transferidos a tiempo a las instituciones, la inflación, que según los Consejos Superiores deteriora los salarios de los trabajadores, y el recorte de programas específicos.
“Hace falta señalar que el desfinanciamiento alcanza también a las obras de infraestructura. Ello nos obliga a funcionar en forma inadecuada, a pagar alquileres onerosos”, confesó un documento difundido por el Consejo Superior de una de las universidades en cuestión. Además, agregaron: “Muchas veces significa la imposibilidad del dictado de carreras o su desarrollo en condiciones de gran precariedad”.
El ajuste afecta además a los programas de becas, a los destinados a atender los requerimientos de universidades nuevas y a la inversión en ciencia y tecnología, que es objeto de crítica en gran parte de los científicos ya que generalmente trabajan en establecimientos universitarios que, como en el caso de la Universidad de Buenos Aires, carece de gas.
En el marco de la Reforma Universitaria, las autoridades a cargo del gobierno de las casas de altos estudios ratificaron que se oponen al recorte que se lleva adelante sobre el sector educativo y en particular en las universidades públicas debido a que “la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber indelegable del Estado”.
