El TOC 1 de San Martín ya juzga a seis militares por el secuestro y desaparición de 14 obreros de la empresa, ocurridos entre 1976 y 1978. Los gerentes y los dirigentes del SMATA, por ahora, quedarán impunes.
El caso de Mercedes Benz es uno de los 169 que integran la megacausa Campo de Mayo, que incluye también los casos de obreros ferroviarios, los del denominada Área 400 y los del Colegio Militar.
Tras haber sido suspendido en febrero (por supuestas razones burocráticas del Poder Judicial), finalmente el juicio comenzó 43 años después del golpe que instauró la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Las audiencias se desarrollarán todos los miércoles a las 09:30 en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de San Martín.
Durante su desarrollo, en el banquillo de los acusados estarán sentados los militares Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos Francisco Villanova y Benito Ángel Rubén Omaecheverría. Y serán juzgados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en el complejo militar de Campo de Mayo.
Muchas de las víctimas que pasaron por CCD y tortura eran trabajadores y activistas, miembros de comisiones internas de fábricas y empresas. En el caso de Mercedes Benz, algunos de ellos fueron Alberto Francisco Arenas, Juan José Mosquera, Jorge Alberto Leichner Quilodran, Alberto Gigena, Diego Eustaquio Núñez, Fernando Omar Del Contte y Héctor Aníbal Ratto (este último sobrevivió).
La causa
La instrucción de la causa estuvo a cargo de la jueza federal Alicia Vence, la misma que instruyó otra importante causa por delitos de lesa humanidad contra obreros la automotriz Ford, donde fueron condenados en 2018 los exgerentes Pedro Müller y Héctor Sibilla y el militar Santiago Riveros.
En el caso de Mercedes Benz, si bien hasta ahora solo se imputó a responsables militares por la desaparición de los obreros, se espera que en el desarrollo del juicio vuelva a demostrarse palmariamente el rol de las grandes empresas, de poderosos sectores civiles y de los dirigentes sindicales que entregaron a los obreros, tal como sucedió en el juicio de Ford.
Burocracia sindical vs clasismo
Vale recordar que en el auto de elevación a juicio del caso Ford (que tiene muchas similitudes con el de Mercedes Benz), la jueza Vence demostró la dura disputa entre la burocracia sindical y las expresiones clasistas y antiburocráticas del movimiento obrero.
Allí dice que los dirigentes sindicales que “lideraban las bases, pues su cercanía a los empleados y trabajadores fomentaba una relación más directa y consciente de los inconvenientes diarios que reclamaban sus pares”, tenían diferencias que trajeron no pocos problemas “con la llamada ‘burocracia sindical’ que según su sentir no reclamaba sus problemas ni luchas por mejoras tangibles”.
El escrito agrega que “la eficacia y productividad tan añorada por los empresarios, se topaba con su enemigo puntual, ‘la comisión interna’, y pareciera que este análisis de la situación fue compartida con las fuerzas armadas que usurparon los poderes del Estado y fueron los obreros quienes más sufrieron la violencia del régimen”.
Un plan preparado con antelación
El año 1975 fue emblemático y demuestra que el plan genocida fue preparado con anticipación. De acuerdo al informe European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR, por sus siglas en inglés), “el ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf, ordenó por escrito a los responsables de la empresa Mercedes Benz que eliminaran a las fuerzas subversivas existentes en la misma”.
En ese entonces, la dirección de la empresa también se pronunció y dejó en claro su predisposición a realizar los esfuerzos necesarios para eliminar los “elementos subversivos de las fábricas”, según el informe que elaboraron sobre el conflicto laboral de 1975 y que envió a la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) el 19 de mayo de 1976.
Ese mismo año Mercedes Benz realizó una “donación” de un equipo de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde funcionó durante la dictadura la Maternidad Clandestina más grande del país. Se calcula que allí nacieron más de 200 bebés que aún hoy siguen con su identidad apropiada.
Varios de los directivos de la empresa están denunciados actualmente por delitos de lesa humanidad. El jefe de Seguridad de Mercedes Benz fue Rubén Lavallén, comisario durante la dictadura de la Brigada de San Justo, quien participó personalmente en la detención de trabajadores de la planta y fue el apropiador de Paula Logares, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.
El SMATA también hizo lo suyo. En noviembre de 1975, el secretario general del sindicato, José Rodríguez, publicó una solicitada donde acusaba de “subversivos” a los trabajadores de la empresa, lo que implicaba en aquel momento condenarlos a muerte. En ese tiempo, el sindicato recibió por parte de la empresa, como devolución de favores, el 1% de las ventas a través de un denominado “fondo social”.
José Rodríguez siguió al frente del sindicato hasta abril de 2009, cuando ya enfermo le dejó su cargo al actual secretario general, Ricardo Pignanelli. En noviembre de ese año murió impune por estos crímenes e imputado por administración fraudulenta en la obra social de los mecánicos.
Fuente: www.laizquierdadiario.com.ar
