Un fiscal federal de San Isidro pidió el envío a juicio oral de la causa que investigó las condiciones de detención del represor Héctor Febrés, fallecido por envenenamiento con cianuro, poco antes de conocerse un veredicto en su contra por delitos de lesa humanidad.
La solicitud fue hecha por el fiscal federal subrogante de San Isidro Sebastián Basso a la juez Sandra Arroyo Salgado, a cargo del caso, e implica juzgar a un ex jefe de Prefectura Naval y otros ex integrantes de la fuerza por lo ocurrido con Febres en una dependencia de Tigre donde estaba detenido, informaron a Télam fuentes judiciales.
Los procesados son el ex jefe de Prefectura Naval Carlos Fernández; el ex prefecto responsable de la base naval de Tigre donde apareció muerto Febres, Rubén Iglesias además de Roberto Cherey, Víctor Sosa, Rodrigo Olazábal, Luis María Morel y José Luis López.
Todos están acusados de haberle otorgado a Febres beneficios que no correspondían, como flexibilidad en días de visita, ingreso de personas no autorizadas, tener en su celda teléfonos de línea que usaba sin restricciones, un celular y computadora con Internet, además de la llave de su “camarote” que hacía de celda.
El 10 de diciembre de 2007, cuando era juzgado por robo de bebés en la última dictadura militar, apareció muerto en ese lugar y se determinó que se trató de envenenamiento con cianuro, aunque aún no quedó firme si fue asesinato o suicidio y por eso la Cámara Federal de San Martín revocó procesamientos por supuesto homicidio que había dictado Arroyo Salgado.
En la causa, que la juez elevará a juicio apenas reciba los planteos de las defensas, se acusa a los procesados de delitos como “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”.
Las defensas plantearon la posible prescripción de la causa, algo que deberá resolver la magistrada.
Entre los privilegios que tuvo el detenido se contaron salidas de vacaciones a dependencias de la Armada en Azul entre 2003 y 2005.
