La Cámara de Casación Federal confirmó condenas por contrabando de estupefacientes desde Paraguay. La Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, ratificó condenas de 8 y 11 años de prisión. Durante la investigación se secuestraron más de 1.300 kilos de marihuana.
Por: Hugo Lopez Carribero
Abogado penalista- Escritor
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, confirmó las condenas de 8 y 11 años de prisión, por los delitos de contrabando calificado de estupefacientes y almacenamiento de la misma sustancia, al rechazar los recursos interpuestos por las defensas contra una sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe.
En la causa, se investigó la actividad de una organización que operaba con contactos locales y en el exterior. Luego de varios meses de investigación, se detectó el aterrizaje, en un campo de la provincia de Santa Fe, de un avión procedente de la República del Paraguay, que había ingresado al país con un cargamento de droga.
También se encontró droga en un galpón de uno de los imputados, cercano al
lugar del aterrizaje, en la provincia de Santiago del Estero. En total, se secuestraron más de 1.300 kilos de marihuana.
Esta causa, tiene ribetes de importancias si se la compara y familiariza con la grave problemática del narcotráfico en la ciudad de Rosario, la más invadida por la droga ilegal en nuestro país.
Han sido 255 los muertos en Rosario, en el año 2015, en torno al comercio de estupefacientes. Jueces y fiscales han sido amenazados por las bandas de narcotraficantes, la más importarte “Los Monos”, comandada por la familia de los Cantero.
Por su parte, el sistema carcelario de Santa Fe tampoco ofrece grandes garantías de seguridad, toda vez que se pudo establecer que muchos reclusos contaban (y se sospecha que aun cuentan) con dispositivos de telefonía celular móvil con los que ordenan desde adentro de sus celdas los sucesivos pasos de la organización delictiva.
En este sentido también se han detectado serias discrepancias entre el Ministerio de Seguridad y un sector del Poder Judicial. Hay jueces que miran con lupa la legalidad de los procedimientos llevados a cabo por la Policía de Santa Fe, y a menudo han declarado la nulidad de todo un proceso investigativo por no haberse respetado correctamente las garantías constitucionales de los acusados.
Es por ello que desde la Gobernación provincial se pretende hacer un acercamiento entre jueces, fiscales y policías para que trabajen en conjunto y establecer claramente los parámetros más apropiados tendientes a no encarcelar a ningún inocente, pero también a no dejar a ningún culpable en libertad.
Este es un caso más en que el poder político debe mediar entre los efectivos policiales y los jueces, para intentar que ninguno de ellos desperdicie la oportunidad de combatir a las fuerzas narcos dentro del sistema legal.
Sin perjuicio de ello los jefes narcos cuentan con operadores propios que muy frecuentemente logran acercarse a las fuerzas policiales y a los jueces federales para tentarlos con dinero, o también para prometerles balas.
