Cada vez más personas con discapacidad tendrán un verdadero acceso al trabajo, la salud y la educación si la problemática se aborda desde una mirada transversal y territorial, dijeron funcionarios y especialistas, durante una jornada que tuvo lugar este lunes en Buenos Aires.
Si bien la cobertura en pensiones por discapacidad aumentó 12 veces desde 2003, (de 55.000 a 600.000 en la actualidad), el énfasis del cambio fue puesto en el fortalecimiento de los derechos de las personas.
“La realidad de las personas con discapacidad es muy distinta este lunes respecto a 2003. Con todo lo que falta, hemos echado lazos con Educación, Salud y Trabajo y en los 3200 municipios que existen en el país, el Estado está presente para abrir oportunidades”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, ante representantes de organizaciones y especialistas.
La ministra, en su carácter de presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, de donde depende la Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS), destacó así dos de las características propias de una mirada integradora del tema: la transversalización y la territorialidad.
Para Matilde Morales, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, “la política social no es únicamente incumbencia de Desarrollo Social: es salud, es educación, es trabajo, es ciencia y tecnología, es economía. La política social es una política integral de derechos”.
“Una persona es un plexo de imputación de derechos, de cualidades y facultades que no se satisfacen con la mirada única de una cartera”, explicó Morales.
La funcionaria destacó la importancia de “penetrar en la conciencia de cada uno de los participantes de la comunidad acerca de la equidad y la igualdad de derechos y llevarlos a cabo”.
Morales explicó que en los 90 “se firmaron muchos convenios y tratados internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad pero hasta que llegó Alicia Kirchner las pensiones no contributivas por discapacidad eran `alta por baja`”.
“Tenía que morirse alguien para que otra persona pudiera acceder a una pensión por discapacidad. Entonces, la ley estaba pero no se cumplía nunca”, señaló la especialista.
Para Morales, la voluntad y la participación social en territorio son claves para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos.
Durante la jornada, se destacó el trabajo de los talleres protegidos, al que acceden chicos para integrarse mediante un oficio al mundo del trabajo y a otras iniciativas de las organizaciones de la comunidad que trabajan junto al Estado para abrir todas las puertas posibles.
La ministra sostuvo que “las 600.000 pensiones que hoy da el Estado son la respuesta al abandono y al olvido que hubo en los 90”.
Y aunque “el giro que hubo desde 2003 fue increíble”, llamó a seguir sensibilizando a la comunidad para afrontar el desafío a futuro que “es no dejar de crecer” y responsabilizarse en forma colectiva con compromiso, responsabilidad y convicción.
Este lunes, explicó la titular de Desarrollo Social, la mirada integradora que proponemos sobre la discapacidad “seguramente abrirá cada vez más oportunidades de trabajo y de estudio para las personas” y llamó a “tejer una red muy fuerte en función de este desafío”.
