Decenas de organismos nacionales e internacionales que velan por los Derechos Humanos y de migrantes en particular rechazaron el decreto. El CELS y Amnistía Internacional denunciaron que no es “ni necesario ni urgente”, está apoyado sobre argumentos falseados y arbitrarios, y condiciona la nacionalidad argentina a criterios de la última dictadura militar.
Por Valeria Virginia Villanueva
villanueva.valeriavirginia@gmail.com
Un centenar de organizaciones sociales, académicas y de derechos humanos que velan por la situación de los migrantes expresaron su profundo rechazo y preocupación ante el endurecimiento de la política migratoria argentina, a partir del Decreto de Necesidad de Urgencia dictado por el Presidente Mauricio Macri.
El Decreto 70/2017 busca acortar los tiempos para definir.
El DNU 70/2017 pretende sobre todo agilizar la expulsión de personas de nacionalidad extranjera con antecedentes penales y reducir la permanencia permitida de cualquier extranjero sin los documentos necesarios, bajo argumentos que los vinculan al crimen organizado internacional y al aumento de su porcentaje en la población carcelaria argentina.
Es así como la reforma “utiliza la guerra contra las drogas como excusa para perseguir a los migrantes”, señalaron días atrás desde el CELS. El organismo de estudios sociales y legales advirtió que la medida focaliza en el narcotráfico como causante de la inseguridad en el país, pero lo identifica con una amenaza extrafronteriza.
Promover la xenofobia
El decreto avala e intensifica los discursos discriminatorios hacia el extranjero, en especial respecto de países limítrofes. De hecho, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ya lo había explicitado días atrás, al culpar a “paraguayos, peruanos y bolivianos” por la inseguridad y el tráfico ilegal de estupefacientes, utilizando datos sesgados.
“En efecto del DNU será el hostigamiento al migrante pobre, profundizando su exclusión social y económica” porque con esta medida, que “todos los migrantes son sospechosos” sin protección de derechos. Por ende, “entiende la migración como una amenaza a la seguridad del Estado, tal como está sucediendo en EEUU”, aseguraron desde el CELS.
En suma, “el DNU falsea datos y tergiversa la interpretación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre los derechos de los migrantes” y “reinstaura el criterio de la última dictadura cívico-militar, que había sido modificada por Raúl Alfonsín”, protestaron.
Decreto antidemocrático y regresivo
“Una ley votada y discutida durante años se modifica por medio de un decreto que no es ni necesario ni urgente”, por lo que “la reforma de leyes importantes, que afectan derechos, por medio de decretos, significa una práctica deficitaria en términos democráticos”, opinaron desde el CELS.
“La propuesta también busca cambiar el acceso a la nacionalidad argentina: en lugar de exigir que el solicitante acredite más de dos años de residencia en el país, propone que el pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre que esa residencia es “legal”. De esta manera reinstaura el criterio que había establecido la última dictadura cívico-militar y que fue modificado por el gobierno de Raúl Alfonsín”, detallaron.
El daño al derecho a ser migrante, a la democracia y a las relaciones bilaterales es el punto de objeción también para Amnistía Internacional, acorde expresaron: “alarma a la organización internacional el establecimiento de una política regresiva” que comete un “error” al “reducir el fenómeno de la migración a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente”.
“Pese a que los Estados se reservan la potestad de aplicar las normas que consideren en materia migratoria, no pueden violar derechos previstos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”, remarcaron desde AI.
Asimismo, recordaron que “en su último examen sobre Argentina a fines de 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU mostró inquietud por la discriminación de los migrantes y el aumento de órdenes de expulsión ocurridas en nuestro país a la vez que llamó a no adoptar medidas que signifiquen un retroceso respecto del marco normativo vigente”.
