Luego del desalojo que dejó a más de 2000 familias sin techo, el abogado del CELS, Diego Morales, remarcó que se pidió una prórroga de la medida, pero la justicia entendió que el tiempo había expirado.
El abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, afirmó que el desalojo de Guernica es un triste desenlace de algo que podría haber tenido otro final ya que el Estado estaba protegiendo a las familias de la zona, pero las medidas que se tomaron desde el poder judicial dieron por tierra la intención de extender el plazo de desalojo.
En declaraciones a Todo Este Ruido por Radio Provincia, quien actuó como veedor de la toma destacó que “hasta el día de ayer había negociaciones con las organizaciones y las familias de la toma y el Gobierno de la Provincia, pero la decisión judicial seguramente fue en cooperación con el Ministerio de Seguridadbonaerense”.
“Se buscó una respuesta habitacional en la que se dieran lotes con servicios a través de la incorporación de muchas de estas familias al sistema de Hábitat y Vivienda que lanzó la Provincia en el mes de septiembre”, deslizó el abogado del CELS.
Asimismo, remarcó que se tenía en cuenta el problema habitacional que sufrían este grupo de personas: “La Provincia reconoció un déficit estructural y serio en relación a las familias. En septiembre se hizo un censo y en octubre comenzaron las charlas más participativas para encontrar una solución. Había distintos arreglos que se estaban por formalizar, pero al final sucedió lo que todos vimos”.
Necesitaban más tiempo para arreglar, pero la justicia no dio lugar
Sobre el conflicto presentado, Morales reveló que faltaban varios días para encontrar soluciones a la mayoría de los tomadores de tierras: “Hay cuatro barrios que no habían acordado con la Provincia, no es solo un 20 por ciento. Hoy hay muchas familias que no tienen una respuesta y la posibilidad de llegar a un acuerdo hubiera permitido que tuvieran una mejor cobertura”.
“Había muchos detalles y las respuestas habitacionales podían llegar a tardar seis meses. El tránsito de hoy a los próximos seis meses requería algún tipo de cobertura”, explicó el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Además, criticó la falta de contemplación de pasos que debían darse para realizar un desalojo en buenos términos: “La posibilidad del desplazamiento, del embalaje de las pocas pertenencias de las familias y la relocalización de las mismas eran situaciones que requerían de cierto proceso de planificación”.
A su vez, enfatizó que se planteó esos detalles al fiscal que entendía en la causa, y definió que “eso se lo mencionamos al juez en horas de la noche para que suspendiera la medida de desalojo de realizarlo a la madrugada. La Provincia estaba trabajando para encontrar soluciones”.
Una salida violenta que dejó sin respuestas y en la calle a la gente
En el tramo final de la charla, el abogado del CELS se mostró en contra del accionar judicial/policial que no tomó en cuenta la frágil situación habitacional de las más de 2000 familias de la toma: “Apareció una salida violenta asociada al sistema penal y es algo que en conflictos sociales debemos evitar como sociedad. Hay que ver cada situación particular de las personas, una caracterización individual de cada familia”.
En sintonía, ponderó que “a nosotros nos parecía que una salida más colectiva podía generar soluciones para la relocalización masiva o de un grupo importante al menos, ver la calidad y sostenibilidad de la respuesta habitacional que formaba parte de la negociación que tendía a eso en las últimas semanas”.
“Faltaban ajustes que eran muy sensibles. Son procesos que llevan días y además había que generarse un acuerdo en una votación por mayoría. Faltaba poco, pero los tiempos de la justicia penal primaron por sobre la búsqueda de una solución más alternativa y social. Hay un montón de familias que se quedaron sin la posibilidad de seguir negociando con la Provincia”, concluyó Morales.
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