De manera firme, el presidente afirmó lo que buscará concretar con la reforma que prevé varios cambios en el poder judicial y volvió a remarcar su descontento con la actual justicia pidiendo que se elimine la connivencia para saldar cuestiones políticas.
Con el acento puesto en terminar con prácticas judiciales como el lawfare, Fernández dio el anuncio en la Casa Rosada acompañado por varios funcionarios del Gobierno y miembros del Congreso y también fue secundado por los integrantes del consejo de asesores que nombró para modificar la Corte Suprema.
Esta es una de las primeras “cartas fuertes” que juega el presidenteen sus primeros ocho meses de gestión, en gran medida frenado por la pandemia de coronavirus que redireccionó las políticas hacia el aspecto sanitario, pero progresivamente comienza a equilibrarse con políticas más integrales.
En su alocución, ratificó las críticas hacia el Poder Judicial que había expresado el primero de marzo en la apertura de sesiones ordinarias: “Solo existe una organización de jueces que buscan satisfacer el deseo del poderoso. Digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas y nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”.
Asimismo, se mostró conforme con el proyecto creado y enfatizó que “nadie puede sorprenderse de lo que estamos haciendo. El pueblo con su voto me acompañó y lo ratifiqué frente al Parlamento. Dispuse la intervención de la AFI. Ese organismo ya no cuenta con fondos reservados, no hace inteligencia interna y no influye en procesos judiciales”.
Lo que buscan mejorar con la reforma
Con la clara misión de generar la independencia de poderes, Fernández ponderó que “proponemos organizar mejor la justicia federal. Estamos proponiendo una justicia independiente que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Estamos construyendo una justicia proba sobre la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos y políticos”.
“Si lo logramos habremos fortalecido esta democracia que tantas deudas tiene con los argentinos y argentinas. Y también habremos saldado una de esas deudas que la democracia tiene con la sociedad”, complementó el primer mandatario nacional.
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En sintonía, explicó que “buscamos organizar mejor la justicia federal y superar la crisis que afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal. Buscamos superar que el poder decisorio se reduzca a un pequeño número de magistrados, que en la actualidad tienen la posibilidad de conocer y decidir sobre la mayoría de las causas con relevancia institucional y mediática”.
Los puntos centrales de la reforma judicial
El proyecto, tiene como punto principal mejorar el fuero federal, fusionando los 12 juzgados criminales con los 11 de penal económico, que ingresará por el Senado, donde el oficialismo cuenta con una cómoda mayoría que minimiza cualquier riesgo de no aprobación, para luego generar consensos más amplios en la Cámara de Diputados.
Con esa fusión los juzgados serán 23, que terminarán siendo 46, ya que cada juzgado cuenta con una secretaría, que también pasará a tener rango de juzgado. Con esta medida, el objetivo es achicar el poder de los históricos 12 jueces federales que en muchos casos se manejaron políticamente para el desarrollo de causas judiciales.
El consejo consultivo que armó el primer mandatario estará conformado por Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanián, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.
Los once juristas, especializados en distintas ramas del Derecho, brindarán asesoramiento al Presidente en aspectos claves del trabajo judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otras cuestiones importantes.
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