El avance de la reprivatización de centrales hidroeléctricas bajo el Decreto 564/2025 plantea un aumento de costos, pérdida de planificación estatal y concentración de beneficios en capitales privados, y afecta la seguridad energética y la competitividad del país.
Por Florencia Belén Mogno
La reprivatización de activos estratégicos en el sector eléctrico marca un retroceso en la capacidad del Estado para garantizar energía asequible y estable. En Argentina, las represas del Comahue, históricamente gestionadas con fuerte financiamiento y dirección estatal, constituyen un componente esencial de la matriz energética.
Las mismas aportan alrededor del siete por ciento de la energía consumida y funcionando con fuentes limpias y renovables de bajo costo. Su entrega al sector privado puede alterar los equilibrios de planificación, tarifas y sostenibilidad de la energía en todo el país.
En el análisis realizado por el Instituto Argentino de Energía y Tecnologías Estratégicas Sostenibles (IAETES), al que accedió Diario NCO, se evaluó la reprivatización de las represas del Comahue prevista en el Decreto N.º 564/2025, con especial atención a sus efectos sobre costos, planificación estatal y soberanía energética.
Contexto e implicancias de la medida
Según el informe del IAETES, “el proceso de reprivatización de las represas del Comahue constituye una pérdida de control soberano sobre activos estratégicos que garantizan energía limpia, barata y estable para millones de argentinos”.
El organismo advirtió que “lejos de ser una medida técnica neutra, representa una decisión política que condicionará, nuevamente, por décadas la estructura de costos y la capacidad de planificación del sistema eléctrico”.
En ese aspecto, cabe señalar que el impacto económico y social de esta medida es significativo. La operación privada tiende a trasladar mayores costos de mantenimiento, inversión y rentabilidad a la tarifa final, y gebera aumentos para consumidores y empresas.
Al mismo tiempo, la capacidad del Estado para orientar la generación hidroeléctrica hacia objetivos estratégicos, como amortiguar picos tarifarios, abastecer polos productivos o garantizar tarifas sociales, se ve limitada, afectando la planificación y la seguridad del suministro.
Además, la reprivatización fragmenta la coordinación operativa del sistema eléctrico, lo cual debilita su seguridad energética. Los excedentes económicos generados por estas centrales, que podrían financiar inversiones públicas o políticas de tarifa social, pasarían a manos de operadores privados. Esto plantea un escenario en el que la energía deja de ser un bien común regulado para convertirse en un servicio sujeto a las dinámicas de mercado.
Precisión del estudio
En sintonía con lo planteado anteriormente, el reporte detalló los efectos esperados de la medida: “la operación privada tiende a trasladar mayores costos de mantenimiento, inversión y rentabilidad a la tarifa final, lo que podría generar un incremento significativo en el costo de la energía”.
En esa línea, desde la IAETES subrayaron que “la capacidad del Estado para orientar la generación hidroeléctrica hacia objetivos estratégicos, como amortiguar picos tarifarios, abastecer polos productivos o garantizar tarifas sociales, continuará reducida”.
Además, el orgsnismo indicó que “las represas no solo producen energía, sino que cumplen funciones de regulación de caudales y de reserva estratégica. Su reprivatización fragmenta la coordinación operativa del sistema”.
“El traspaso implica que los excedentes económicos generados por estas centrales, que podrían financiar inversión pública o políticas de tarifa social, continúen en manos de operadores cuyo objetivo es maximizar ganancias”, advirtió la entidad.
El análisis concluyó que “en un contexto mundial donde la energía es motor del desarrollo y la competitividad, entregar estas centrales a operadores privados implica no recuperar capacidad de regulación, y encarecer tarifas, ante la continua retirada del Estado en la gestión de bienes comunes”.
Por este motivo, desde IAETES recomendaron “suspender el proceso, abrir un debate plural y priorizar un modelo de gestión que resguarde el interés nacional, la soberanía energética y el bienestar de la población”.
Fuente fotografías: IAETES.
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