Bajada:
Desde advirtieron que el decreto 450/2025 del Gobierno nacional redefine la energía como mercancía, desplaza al Estado de su rol estratégico y concentra el control del sistema en el mercado.
Por Florencia Belén Mogno
El sistema eléctrico nacional es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico, social y territorial del país. Durante las últimas décadas, las políticas energéticas adoptadas por los distintos gobiernos buscaron consolidar la electricidad como un derecho garantizado.
Bajo la lógica de servicio público, con planificación estatal, control regulatorio y criterios de equidad federal. Este modelo permitió extender la red eléctrica, integrar regiones históricamente postergadas y asegurar tarifas con criterios de accesibilidad y progresividad.
Sin embargo, en Argentina los nuevos lineamientos impulsados por el Poder Ejecutivo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 450/2025 introdujeron cambios de fondo que, según especialistas y organizaciones del sector, alteran de manera drástica el marco normativo, político e institucional sobre el cual se estructuró la política energética.
En ese marco y de acuerdo con la información a la que pudo acceder Diario NCO, el Instituto Argentino de Estudios Técnicos Económicos y Sociales del Sector Energético (IAETES) publicó un informe donde denunció que el decreto “cercena la noción de electricidad como servicio público, margina a las provincias del centro de decisiones y entrega el tablero de comando del sistema a los jugadores del mercado”.
Detalles del reclamo
En el reporte elaborado por el Instituto señalaron que se trata de una medida regresiva que apunta a reinstalar un modelo de exclusión, concentración y mercantilización del acceso a la energía.
“El DNU 450 no es un ordenamiento técnico ni una simplificación administrativa”, advirtieron desde el IAETES. “Estamos ante una ofensiva político-ideológica que reinstala un modelo de mercado autorregulado, mercantiliza el acceso a la energía y desplaza al Estado de toda función estratégica. Es un retroceso programado, ejecutado con letra fina pero con objetivos contundentes: recentralización, privatización y disciplinamiento fiscal”.
El texto remarcó que el decreto “no solo reescribe las reglas del sector eléctrico”, sino que además “reescribe el contrato social sobre el cual se construyó la política energética de las últimas dos décadas”.
A través de lo que denominaron “una cirugía mayor bajo la máscara de adecuaciones normativas”, la entidad plantea que el Gobierno “redefine la electricidad como un bien transable y sustituye el rol de usuario protegido por el de consumidor contratante”.
En esa línea en el documento facilitado a este medio el organismo cuestionó que la figura de la ciudadanía queda subordinada al mercado, sin herramientas regulatorias ni instancias de defensa.
Implicancias del DNU y advertencias
“La reforma desnaturaliza desde el inicio el carácter público de la electricidad. La define como cosa jurídica susceptible de comercio y la somete a los principios del derecho privado”, plantearon desde IAETES
En consecuencia, la planificación energética deja de ser una política de Estado y se somete a las “señales económicas” del precio de mercado. Según el documento, esta lógica traslada la responsabilidad del abastecimiento a los distribuidores, quienes deben contratar el 75 por ciento de la energía en el Mercado a Término, lo que genera un sistema frágil, condicionado por la lógica de los commodities.
Desde el IAETES también alertaron sobre la privatización progresiva de funciones clave, como “el despacho de cargas, que pasará a manos de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria hasta que el Ejecutivo decida reducir su parte al 10 por ciento”.
En esa línea, advirtieron que la incorporación de nuevos actores como comercializadores, almacenistas y usuarios-generadores se habilita sin marcos regulatorios claros, lo que favorece “la concentración, el arbitraje financiero y la segmentación social del sistema”.
Análisis de consecuencias
En cuanto al impacto sobre las provincias, el instituto señaló que el nuevo esquema vulnera principios constitucionales, ya que las jurisdicciones provinciales y municipales pasan a ser solidariamente responsables por las deudas de sus distribuidoras.
En ese aspecto, en el informe brindado a NCO expresaron que “esto desconoce el principio de personalidad jurídica limitada y anticipa una judicialización del conflicto que terminará afectando los recursos provinciales”.
“El resultado es claro: usuarios desprotegidos, provincias condicionadas, reguladores debilitados y un sistema eléctrico al servicio de la rentabilidad”, resumió el documento institucional.
A modo de conclusión, según el análisis del IAETES lo que se presenta como una modernización del sistema energético encubre en realidad “una restauración de los viejos modelos de exclusión y concentración”, en desmedro del interés público, la equidad federal y la soberanía energética.
Fuente fotografías: IAETES.
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