El candidato a diputado provincial por el Frente de Izquierda, integrante del Partido de Trabajadores Socialistas, y también abogado, Roberto Torres, se hizo presente en No te Duermas para charlar cuestiones referidas a su profesión y a su puesto de cara a las próximas elecciones.
Por Giuliana Salmonte Siciliano
Gmail: giulianasalmontesiciliano@gmail.com
Para empezar, el entrevistado explicó que hay una contracara muy marcada en los ataques del gobierno hacia los sectores más necesitados: básicamente, consta de que están resistiendo, al contrario de lo que quieren mostrar. “Vemos todos los miércoles que los jubilados están enfrentando los ataques. Tienen un apoyo enorme en un montón de sectores de la sociedad, además de todos los que están al frente de las movilizaciones”, sostuvo Roberto.
En este caso, siguió con el mismo tema y contó que es abogado de varios adultos que fueron reprimidos por la policía y, según su análisis, lo que buscan Patricia Bullrich y el gobierno de la ciudad es amedrentar a esos sectores utilizando la represión en las diferentes movilizaciones para intentar que no salga más nadie a protestar.
“El día que se aprobó la Ley Bases, hubo una cantidad de 30 y tantos detenidos y ahí fuimos abogados de varios de esos detenidos. Todos eran culpables hasta que demuestren lo contrario”, recordó el abogado. Al mismo tiempo, aseguró que ellos se pusieron a hacer una reconstrucción de todo lo que fue la movilización y consiguieron la libertad de los detenidos. “Fue una de las represalias más duras que intentó cambiar la relación de fuerza y la tradición histórica”, lamentó.
Fraude laboral en el Hospital Posadas
El abogado de los trabajadores del Hospital Posadas, denunció que la situación contractual del personal es “un fraude total”, ya que el Estado los mantiene bajo contratos a plazo fijo que se renuevan periódicamente. Según explicó, este mecanismo comenzó en los años 90 y se mantuvo con todos los gobiernos, desde Menem hasta la actual gestión de Javier Milei, sin que se avanzara en el pase a planta permanente.
Roberto Torres señaló que con el gobierno de hoy, la precariedad se agravó, porque los contratos que antes eran anuales ahora se renuevan cada tres meses. Para el abogado, esto deja a profesionales muy calificados expuestos a despidos masivos según la voluntad de cada gestión. “La Comisión dice que los trabajadores del Estado tienen que ser de planta permanente para evitar que venga un gobierno cualquiera y despida a todos”, remarcó.
Además, advirtió que detrás de este esquema se esconde una decisión política orientada a reducir costos y facilitar la desvinculación de personal. Puso como ejemplo el caso de enfermeros con más de 20 años de antigüedad que, a pesar de cumplir funciones normales y habituales para el funcionamiento del hospital, siguen siendo contratados de forma precaria.
Ante esta situación, manifestó que se reunieron con distintos sectores gremiales y lograron algunas reincorporaciones mediante medidas cautelares dictadas por la Justicia. No obstante, aclaró que los reclamos de fondo continúan y que la lucha apunta a garantizar la estabilidad laboral de todos los trabajadores.
Despidos ilegales en SECCO
El también abogado de los trabajadores de la empresa Juan F. Secco, cuestionó la política laboral de la compañía: “Pegó un giro en su orientación económica en los ‘90 ligado a los contratos con el estado, donde se vuelca a todo lo que de generación de energía”. Desde entonces, consolidó su presencia de diferentes formas, hasta convertirse en una institución con 200 centrales y más de 2000 empleados en el país.
No obstante, sostuvo que la relación de Secco con el poder político es tan estrecha que incluso quedó implicada en la causa de los cuadernos de la corrupción, donde empresarios reconocieron pagos de coimas. “Confesaron esas dos coimas y continúan en juicio, que va a empezar en noviembre, son acusados por el delito de cohecho”, indicó, y remarcó que pese a eso, la empresa siguió operando con continuidad asegurada por todos los gobiernos.
En cuanto a la situación actual, el abogado denunció que la compañía decidió continuar en la ilegalidad, aprovechando este momento político y laboral que le da esta política de gobierno, y recordó que el año pasado fueron echados siete trabajadores en la planta del Ceamse en Ensenada, lo que marcó un primer golpe contra el personal.
Este año, según detalló, los ataques fueron aún más duros ya que despidieron a un vocal del sindicato de la energía eléctrica, a un delegado, a un ex delegado, a seis candidatos a delegados y a un montón de activistas. Por eso, para el especialista, se trata de una clara persecución sindical que busca debilitar a los trabajadores en una empresa con fuerte peso económico y estrechas conexiones con el Estado.
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