Crisis
Los dos grandes sindicatos de España barajan ya la fecha del 29 de marzo para una huelga general contra la reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, que abarata y facilita el despido en medio de la recesión y en un país con 5 millones de desocupados.
Esta información comenzó a circular entre las organizaciones sectoriales y territoriales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), según informa este miércoles la emisora Cadena Ser, de mayor audiencia en España.
Los sindicatos nacionalistas de el País Vasco, Navarra y Galicia ya fijaron ese día para la primera huelga que afrontará el gobierno del Partido Popular (PP), adelantándose a la convocatoria a nivel estatal.
Las direcciones de CCOO y UGT no confirman ni desmienten esta posibilidad, que en todo caso aún es sólo una propuesta, ya que hasta el momento mantienen abierta la puerta de la negociación con el gobierno para modificar una reforma laboral que no sólo facilita y abarata el despido sino que posibilita rebajas masivas de salarios.
Entre las puntos más controvertidos, por los que los sindicatos planean incluso recurrir ante el tribunal constitucional, figura un contrato de formación para menores de 30 años de un año de duración y sin indemnización, lo que equivale al despido libre.
La decisión de recurrir a la huelga general está avalada por el éxito de las manifestaciones masivas que tuvieron lugar el pasado 19 de febrero, cuando más de un millón de personas salieron a la calle en más de 50 ciudades españolas para rechazar la reforma del mercado laboral aprobada por decreto por el gobierno español.
Rajoy defendió aquel día la reforma como justa y necesaria para España. Antes de que se aprobara esta ley, había reconocido en Bruselas que la misma le costaría una huelga general.
El día señalado para la medida de fuerza, el 29 de marzo, es la víspera de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en los que el Ejecutivo prevé implementar un nuevo recorte para corregir el déficit de España, que cerró 2011 en el 8,51% del PIB, 2,51 puntos por encima del objetivo comprometido con la UE.
Para cumplir con el compromiso de déficit de 2012 del 4,4%, el gobierno debe realizar un ajuste de 41.000 millones de euros, lo que supone sumar a lo ya recortado un esfuerzo adicional de 26.000 millones.
