En el marco de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, orientado a combatir la trata de personas en todo el territorio nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) rescataron a cuatro ciudadanos argentinos que eran sometidos a explotación laboral en la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, desarticularon una organización criminal dedicada a estas prácticas ilícitas. Como resultado de los operativos, nueve de sus integrantes fueron detenidos y se secuestraron varias armas de fuego y diversos elementos de interés para la causa.
La investigación se inició a raíz de una denuncia efectuada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RE.NA.TRE) a través de la Línea 145, mediante la cual se alertó sobre la presunta existencia de personas sometidas a trabajos forzados en un establecimiento rural ubicado en la localidad bonaerense de Pilar.
Ante esta situación, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Nº 3 del Dr. Máximo Castrillo, encomendó a los detectives del Departamento Trata de Personas de la PFA la investigación del caso.
En consecuencia, los efectivos iniciaron diversas tareas de campo y análisis de información, mediante las cuales lograron establecer la existencia de una estructura criminal integrada mayoritariamente por ciudadanos de nacionalidad china, dedicada a la explotación laboral de personas de escasos recursos económicos en establecimientos rurales.
En cuanto al modus operandi, las maniobras comenzaban en la provincia de Santa Fe, donde las víctimas eran captadas mediante falsas propuestas laborales. Posteriormente, eran trasladadas hasta el supuesto lugar de trabajo y alojadas en viviendas de extrema precariedad, donde finalmente eran obligadas a realizar tareas físicas extenuantes vinculadas con la cosecha y producción de hortalizas.
Con el avance de las pesquisas, los investigadores determinaron que los integrantes de la organización cumplían funciones específicas dentro de la estructura delictiva. Mientras uno de ellos se encargaba de captar a las víctimas, otro coordinaba la logística necesaria para trasladarlas hasta la localidad bonaerense de Pilar.
Asimismo, se comprobó que, una vez que arribaban al establecimiento rural, los damnificados eran despojados de sus documentos personales y sometidos a condiciones laborales sumamente precarias, bajo constantes amenazas con armas de fuego por parte de los restantes integrantes de la organización.
A partir del material probatorio reunido por los investigadores federales, el juzgado interviniente ordenó el allanamiento del predio rural situado sobre la calle El Pial, donde se concretó el rescate de cuatro víctimas.
Cabe destacar que, durante el cumplimiento de dicha medida judicial, fueron detenidos seis hombres —uno argentino y cinco de nacionalidad china— y dos mujeres, también de nacionalidad china. Los implicados, al advertir la presencia policial, intentaron escapar por la parte posterior del establecimiento, aunque la rápida intervención de los efectivos permitió interceptarlos y proceder a su inmediata aprehensión.
Durante la requisa del inmueble se incautaron varias armas de fuego que eran utilizadas por los miembros de la organización para intimidar a los trabajadores, entre ellas una escopeta calibre 12/70, un revólver calibre 32, otro calibre 22, diversas municiones, un rifle de aire comprimido y una importante cantidad de vainas servidas.
Asimismo, se secuestraron una camioneta que habría sido utilizada para trasladar a las víctimas, 21.000 dólares, más de 20 millones de pesos, una notebook, una tablet, un pendrive, una máquina contadora de billetes, ocho teléfonos celulares y diversa documentación de interés para la investigación.
Del procedimiento también participó personal de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, cuyos profesionales brindaron asistencia y contención a las cuatro personas rescatadas.
