El ambicioso proyecto comercial estaba frenado hace más de una década.La resolución, firmada por el juez contencioso administrativo Federico Gallo Quintián, habilita a la empresa a continuar con los trabajos en un predio de grandes dimensiones ubicado sobre la Ruta Nacional 3. El gobierno local rechaza la decisión y prepara una apelación.
Después de años de idas y vueltas administrativas y judiciales, un fallo de primera instancia volvió a poner en agenda uno de los proyectos comerciales más demorados del conurbano bonaerense. Se trata del complejo que la firma Coto comenzó a levantar en Isidro Casanova y que permanece inconcluso desde 2013.
La resolución, firmada por el juez contencioso administrativo Federico Gallo Quintián, habilita a la empresa a continuar con los trabajos en un predio de grandes dimensiones ubicado sobre la Ruta Nacional 3. El desarrollo, que había quedado a medio hacer, incluye un hipermercado, salas de cine, locales comerciales, espacios gastronómicos y estacionamiento.
La iniciativa tiene un largo recorrido. El terreno fue adquirido en 1998 y ese mismo año obtuvo respaldo normativo local para avanzar con el emprendimiento. Las obras arrancaron a fines de los años noventa, pero el contexto económico adverso obligó a suspenderlas tempranamente.
El proyecto volvió a activarse recién hacia 2010, aunque la intervención municipal interrumpió nuevamente los trabajos. Tras algunos avances parciales, en 2013 se produjo la paralización definitiva. En ese momento, el Municipio sostuvo que los cambios introducidos en la construcción exigían una nueva aprobación integral, lo que derivó en una disputa que terminó en los tribunales.
Desde entonces, la estructura, con un grado de avance cercano a la mitad, quedó abandonada, consolidándose como un ejemplo emblemático de obra inconclusa en la zona oeste.
El reciente fallo no implica una reanudación inmediata. Para avanzar, la decisión judicial debe quedar firme. Además, la empresa anticipó que primero deberá realizar estudios técnicos para evaluar el estado actual de la construcción, una tarea que podría extenderse varios meses.
En paralelo, el gobierno de La Matanza ratificó su oposición. Entre sus argumentos, sostiene que el escenario urbano actual difiere del existente cuando se aprobó el proyecto original, por lo que considera desactualizada la documentación presentada.
También advierte sobre el rol que cumple hoy el predio en términos hidráulicos, en un área que experimentó un fuerte crecimiento urbano. Según la Comuna, ese espacio funciona como amortiguador ante lluvias intensas, lo que introduce un factor de riesgo adicional.
A estos cuestionamientos se suman objeciones por la falta de estudios ambientales recientes y por el posible impacto sobre el entramado comercial de cercanía. Estos puntos serán parte central de la apelación que prepara el Ejecutivo local.
La relación entre la empresa y la administración municipal arrastra antecedentes de tensión. Uno de los episodios más visibles ocurrió en 2020, cuando una clausura en una sucursal derivó en un enfrentamiento público con acusaciones de trasfondo político.
Con este nuevo capítulo judicial, el futuro del predio vuelve a abrirse, aunque lejos de una definición inmediata. Entre la expectativa empresaria por reactivar la inversión y la resistencia municipal, el desenlace dependerá de lo que resuelvan las instancias superiores de la Justicia.
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Epígrafe: La obra de complejo comercial está paralizada desde 2013
