Una disputa gremial en un puerto entrerriano expuso tensiones estructurales del sector y abrió la posibilidad de una paralización nacional en defensa del trabajo portuario.
Por Florencia Belén Mogno
El sistema portuario argentino atravesó históricamente conflictos vinculados a la defensa del empleo, la representación sindical y las condiciones laborales en un sector clave para la economía nacional.
La actividad, atravesada por procesos de tercerización, concentración empresarial y cambios en las dinámicas de contratación, mantuvo una relación permanente de tensión entre trabajadores, empresas y organismos de control.
En ese marco, los puertos se consolidaron como espacios estratégicos no solo por su rol logístico, sino también por el peso social que tuvieron en las economías regionales. La estabilidad laboral, el respeto de los convenios colectivos y el reconocimiento de las organizaciones sindicales resultan factores centrales para sostener el funcionamiento regular de las terminales portuarias y garantizar la continuidad operativa.
Durante los últimos años, distintas organizaciones gremiales advirtieron sobre el avance de prácticas que afectaron la mano de obra local, mediante esquemas de contratación externa, salarios por debajo de los acuerdos vigentes y la exclusión de trabajadores registrados. Estas situaciones encendieron alertas en el conjunto del sector, ante el riesgo de una degradación generalizada de las condiciones laborales.
En ese contexto general y de acuerdo con la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, el Puerto de Concepción del Uruguay quedó en estado de alerta tras una paralización de actividades luego del inicio de un conflicto laboral que derivó en un paro total de actividades.
Un conflicto que escaló y paralizó la actividad
En relación con lo expuesto anteriormente, cabe señalar que la situación se originó a partir del accionar de la empresa de capitales uruguayos Urcel SA, señalada por los trabajadores por desconocer la representación sindical local y modificar las condiciones habituales de trabajo.
Según lo denunciado, la firma se negó a reconocer al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Concepción del Uruguay como entidad gremial legítima y avanzó en la incorporación de personal proveniente de otras localidades, sin experiencia en tareas portuarias. Esta decisión desplazó a los estibadores locales, quienes figuraron entre los trabajadores peor remunerados del sector a nivel nacional.
Las medidas de fuerza incluyeron bloqueos en los accesos al puerto, manifestaciones en el ingreso principal y la interrupción total de la operatoria. Los estibadores denunciaron prácticas antisindicales, incumplimientos del convenio colectivo, salarios inferiores a los establecidos y la exclusión del sistema de rotación laboral, con un impacto directo sobre el sustento de sus familias.
Estado de alerta y posible paro nacional
Frente a este escenario, la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) expresó su respaldo a los trabajadores entrerrianos y declaró el estado de alerta en todo el país. Su secretario general, Marcelo Osores, se hizo presente en el lugar para acompañar las medidas y advertir sobre la gravedad del conflicto.
Desde la federación señalaron que, de mantenerse la postura empresarial, se avanzaría hacia un paro total de alcance nacional en todos los puertos argentinos. La organización sostuvo que la negativa a reconocer al sindicato y la amenaza de dejar sin trabajo a los estibadores locales vulneró derechos laborales básicos y sentó un precedente peligroso para el conjunto del sector.
Asimismo, la FEPA calificó el accionar de Urcel SA como antisindical y precarizador, y alertó sobre la posibilidad de que estas prácticas se replicaran en otros puertos si no existía una respuesta firme.
El SUPA de Concepción del Uruguay cuenta con reconocimiento legal y autoridades electas democráticamente, lo que volvió injustificable, según remarcaron, la negativa empresarial a entablar un diálogo institucional.
Fuente fotografías: redes sociales.
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