El avance de un proyecto de ley en la Ciudad de Buenos Aires volvió a poner en el centro de la escena la necesidad de actualizar el marco normativo del transporte de pasajeros frente al crecimiento de aplicaciones ilegales y servicios informales.
Por Florencia Belén Mogno
El sistema de transporte urbano atravesó en los últimos años un proceso de transformación acelerada, impulsado por la irrupción de plataformas digitales que modificaron hábitos de movilidad, formas de contratación y dinámicas laborales. Este fenómeno, lejos de consolidarse bajo reglas claras, expuso vacíos normativos que generaron tensiones entre los servicios tradicionales y las nuevas modalidades de traslado de pasajeros.
En ese contexto, la falta de una regulación integral permitió la proliferación de aplicaciones que operaron al margen del código de tránsito vigente, sin controles efectivos ni exigencias laborales homogéneas. La coexistencia de sistemas regulados y no regulados produjo un escenario desigual, donde las condiciones de trabajo, la seguridad de los usuarios y el cumplimiento tributario quedaron librados a interpretaciones fragmentadas.
El debate público comenzó entonces a correrse del rechazo o la aceptación de las nuevas tecnologías hacia una discusión más profunda: cómo integrar esas herramientas a un marco legal que garantizara derechos laborales, control estatal y reglas equitativas para todos los actores del sector. En ese punto, la regulación dejó de ser un obstáculo para la innovación y pasó a entenderse como una condición necesaria para ordenar la actividad.
En este escenario y de acuerdo con la información a la que pudo acceder Diario NCO, avanza el Proyecto de Ley denominado “Ordenamiento del Transporte Público-Privado de Pasajeros en Automóviles”, que se encuentra en comisión para su tratamiento previo a la llegada al recinto.
Un proyecto de ley para unificar el sistema de transporte
La iniciativa propone una reforma integral del código de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo que solo podrían operar vehículos habilitados, con choferes registrados y bajo relación laboral formal.
Según el comunicado, la propuesta legislativa la presentó el diputado Alejandro Grillo, del bloque Unión por la Patria, y contó con un fuerte respaldo de los gremios y asociaciones del sector taxista. Desde el Sindicato de Peones de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SPT) reiteraron su apoyo al proyecto y destacaron su carácter integrador.
Desde el SPT señalaron que la iniciativa convoca a todos los actores de la actividad, tanto a empresarios como a trabajadores, al plantear un marco común que busca ordenar el servicio de pasajeros y establecer un “nuevo orden” regulatorio. El objetivo central es unificar bajo una misma normativa a los servicios tradicionales regulados y a las plataformas digitales de transporte.
Apoyo gremial y necesidad de actualización normativa
Por otra parte, el reporte señaló que el respaldo al proyecto no se limitó al Sindicato de Peones de Taxis. De acuerdo con el documento difundido, la propuesta recibió el acompañamiento del Sindicato de Conductores de Taxis, la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro (SPAT), la Unión de Propietarios de Autos Taxis (UPAT), CAMETAX y UPIMRRA, entre otras organizaciones del sector.
Desde los gremios destacaron la importancia de avanzar en una actualización normativa frente a la irrupción de las nuevas tecnologías y subrayaron la necesidad de adaptar el marco regulatorio a las actuales realidades de la movilidad urbana. En ese sentido, el proyecto apunta a modernizar y ordenar la actividad de taxis, remises y aplicaciones digitales bajo criterios comunes.
Asimismo, advirtieron que la falta de actualización legal provoca múltiples problemas, entre ellos la proliferación de servicios informales sin control, conflictos judiciales de difícil resolución y condiciones laborales desiguales entre choferes. Estas situaciones impactan tanto en la calidad del servicio como en la estabilidad del empleo dentro del sector.
Obligaciones estrictas y control estatal sobre las plataformas
Por otro lado, uno de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento formal de las denominadas “empresas de despacho de viajes” basadas en plataformas digitales. Según el texto legislativo, estas compañías se consolidaron no solo como una forma de viajar, sino también como una alternativa laboral de fácil acceso, lo que volvió indispensable su incorporación a un esquema regulatorio claro.
En ese marco, el proyecto establece obligaciones estrictas para estas empresas, como contar con domicilio legal y base operativa en la Ciudad de Buenos Aires, inscribirse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y tributar por la totalidad de los viajes iniciados en la jurisdicción. Estas exigencias buscaron garantizar igualdad de condiciones frente a los servicios tradicionales.
Además, se dispuso que cada viaje debiera registrarse en tiempo real en servidores administrados por el Estado, lo que permitirá verificar el cumplimiento tributario, la vigencia de los seguros y la integridad de la información vinculada a la prestación del servicio.
Transparencia, datos y regulación del mercado
Finalmente, el proyecto contempla la implementación de un sistema de registro y transmisión de datos en tiempo real hacia un servidor espejo administrado por la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad.
Este sistema incluye información detallada sobre los viajes despachados, la actividad simultánea de conductores en más de una aplicación y situaciones excepcionales que modificaran los precios.
Según lo expresado en el reporte al que accedió Diario NCO, la normativa también prevé
la recopilación de datos para el cálculo de la cuota de mercado, el control del cumplimiento de seguros, los niveles de accesibilidad, los tiempos de espera y las condiciones contractuales impuestas tanto a conductores como a usuarios.
De este modo, el avance del proyecto legislativo se presenta como un intento de recuperar el rol del Estado en la regulación de un sector clave para la vida urbana. La iniciativa busca ordenar un sistema fragmentado, reducir la informalidad y establecer reglas claras en un escenario donde se profundizan las desigualdades.
Fuente fotografías: Sindicato de Peones de Taxis.
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