El Instituto de Derecho Público impulsó nuevas instancias de formación y cooperación académica global para fortalecer la construcción de conocimiento comparado y de impacto social.
Por Florencia Belén Mogno.
En los últimos años, la discusión sobre el rol del Estado en la resolución de conflictos y en la protección de derechos adquirió una significación renovada, especialmente en un contexto donde los procesos sociales y económicos demandaron intervenciones más ágiles y eficientes.
Las instituciones universitarias fueron protagonistas de estas discusiones, ya que se consolidaron como espacios de reflexión estratégica y producción de saberes capaces de incidir de manera directa en las políticas públicas.
En este marco y de acuerdo con la información a la que accedió Diario NCO, la Universidad Nacional de Tres de Febrero profundizó un trabajo sostenido para situar al derecho público como un campo dinámico, interdisciplinario y orientado a la transformación social.
En ese contexto, el Instituto de Derecho Público (IDP) de la UNTREF se consolidó como un actor central en la construcción de propuestas que combinaron innovación académica, compromiso social y proyección internacional.
La iniciativa permitió profundizar la mirada sobre los problemas que afectaron a los sectores más vulnerables, así como promover herramientas para mejorar la gestión estatal y fortalecer las políticas públicas desde un enfoque comparado.
Un enfoque institucional orientado a la acción y al impacto social
Según el documento consultado, el Instituto de Derecho Público concibe el derecho como un campo destinado a producir transformaciones concretas, alejadas de visiones puramente teóricas.
De esta manera, su labor se centra en temas que afectaron la vida cotidiana de la ciudadanía, como la resolución de conflictos urbanos, la protección del ambiente y la eficiencia administrativa.
En sintonía, cabe destacar que la premisa que guía estas líneas de trabajo apunta a la construcción de un Estado más ágil, responsable y comprometido con quienes enfrentaron mayores vulnerabilidades.
El IDP fue creado en 2024 bajo la dirección de Gabriela Stortoni, quien orientó la agenda institucional hacia contenidos de alta relevancia social y actualidad. El objetivo consistió en diseñar una propuesta académica capaz de interpelar desde múltiples perspectivas, integrando saberes y promoviendo espacios de discusión con impacto directo en las comunidades.
Este enfoque busca fortalecer la relación entre investigación y práctica estatal, al asumir que la formación en derecho público debía acompañar las necesidades de gobiernos, instituciones y organizaciones sociales.
La Dirección de Cooperación Internacional de la UNTREF jugó un rol decisivo en este proceso, ya que facilitó convenios con instituciones extranjeras y promovió programas de intercambio con países como España, Francia y Brasil.
Estos acuerdos posibilitaron la organización de seminarios y webinarios con especialistas de diversas regiones, lo que amplió la agenda académica del instituto y fortaleció la proyección global de sus actividades.
Intercambios académicos y producción de conocimiento comparado
Entre los convenios destacados surgió el firmado con la Universidad de La Coruña, un acuerdo que abrió puertas para el trabajo conjunto en temas de administración pública, constitucionalismo y políticas judiciales.
Asimismo, el documento anunció que se encontraba en preparación otro convenio con la Universidad de Villanueva, orientado a profundizar intercambios en derecho administrativo, gobernanza y contratación pública. Estas iniciativas confirmaron la apuesta del IDP por consolidar alianzas estratégicas a nivel internacional.
El ciclo de encuentros desarrollados durante 2025 incluye más de 10 actividades que abordaron temas centrales del derecho público contemporáneo. Los materiales revisados indicaron que se trabajó sobre la inconstitucionalidad de oficio, la buena administración, los contratos públicos modernos y la judicialidad ambiental, así como sobre la transformación digital y el papel de la Inteligencia Artificial en la gestión estatal.
Cada instancia reunió a especialistas nacionales e internacionales que aportaron perspectivas diversas para analizar el funcionamiento del Estado. La variedad de enfoques permitió reconocer que los procesos de modernización administrativa debían dialogar con estándares internacionales, pero sin desatender las particularidades locales.
Una agenda de cooperación internacional hacia el futuro
La consolidación de estos espacios de intercambio situó al Instituto de Derecho Público como un referente en investigación, docencia y vinculación en el campo del derecho público, tanto a nivel nacional como internacional.
La articulación entre la formación académica, la cooperación internacional y la práctica estatal permitió ampliar la circulación de conocimientos y enriquecer los debates sobre el funcionamiento del Estado contemporáneo.
La UNTREF sostuvo que profundizaría estas líneas de trabajo durante los próximos años, con el objetivo de ampliar la participación de especialistas extranjeros, promover nuevas instancias de capacitación y fortalecer vínculos con instituciones de otros países.
Estas iniciativas se proyectaron como claves para consolidar una mirada global que dialogue con las demandas locales y permita diseñar respuestas más eficientes, inclusivas y comprometidas con el bienestar colectivo.
Fuente fotografías: Untref.
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