A más de un siglo de la sanción de la Ley Palacios, Argentina continúa su batalla contra la explotación sexual y la trata de personas. Datos oficiales muestran la magnitud del problema y destacan la importancia de la prevención, la denuncia y la asistencia a las víctimas.
Por Florencia Belén Mogno
La trata de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, ya que involucra la captación, traslado y explotación de personas mediante amenazas, engaños, violencia o abuso de situaciones de vulnerabilidad. Las principales víctimas son mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+, en un entramado que combina violencia de género, explotación económica y redes delictivas.
En Argentina, la sanción de la Ley Palacios en 1913 marcó un hito: fue una norma pionera en el mundo que penalizó la trata con fines de explotación sexual. Más recientemente, la Ley 26.364 (2008, modificada en 2012) estableció un marco integral de prevención, sanción y asistencia, e implementó la Línea 145 como canal gratuito, anónimo y disponible las 24 horas para denunciar situaciones de trata.
Esta normativa permite que las víctimas accedan a asistencia integral y que el Estado tenga herramientas para intervenir, prevenir y sancionar a los responsables. La línea 145 se consolidó como un instrumento clave para la protección de los derechos de quienes atraviesan situaciones de explotación.
En este contexto y de acuerdo con el material al que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó un informe junto con una campaña respecto de la explotación sexual y la trata en el país y la importancia de implementar medidas para evitar esta problemática.
Magnitud del problema en cifras
Según el relevamiento facilitado a este medio, entre 2020 y octubre de 2023, el Ministerio de Justicia reportó el rescate de 5.075 víctimas de trata de personas en Argentina. Durante 2022, la Línea 145 recibió 1.581 denuncias por posibles hechos de trata, que involucraron a 628 víctimas, mientras que en 2023, el 43,6 por ciento de las denuncias correspondieron a explotación sexual.
Por su parte, el fuero federal emitió hasta la fecha 490 sentencias condenatorias que involucraron a 976 personas condenadas y al menos 2.305 víctimas. Sin embargo, más allá de los números, cada caso refleja historias de vulneración de derechos, violencia y explotación que exigen atención y reparación.
La consigna “No son cifras, son vidas con derechos”, impulsada por la Defensoría, busca precisamente poner en primer plano la humanidad de quienes han sido víctimas. Los datos oficiales evidencian la necesidad de fortalecer políticas públicas y garantizar un abordaje integral que priorice la prevención, la denuncia y la asistencia a las personas afectadas.
Prevención, denuncia y acompañamiento
Pir otra,parte, el estudio señaló que la lucha contra la trata de personas requiere del compromiso conjunto del Estado, la sociedad civil y la ciudadanía. Informar sobre los riesgos, promover la prevención y garantizar la atención y acompañamiento a las víctimas son tareas esenciales para reducir la explotación y garantizar justicia.
Asimismo, la colaboración entre organismos estatales y organizaciones sociales permite detectar situaciones de vulnerabilidad y ofrecer rutas seguras para quienes se encuentran en riesgo. La existencia de mecanismos como la Línea 145 demuestra la importancia de canales accesibles, confidenciales y eficientes para proteger a las víctimas.
El fortalecimiento de políticas públicas, la sensibilización de la sociedad y la cooperación interinstitucional consolidan el pacto democrático que sostiene una sociedad libre de explotación y violencia. Solo mediante acciones coordinadas será posible transformar los compromisos legales en cambios efectivos que aseguren la dignidad y los derechos de todas las personas.
Reflexion y accionar colectivo
La trata de personas no puede verse únicamente como un problema estadístico; cada cifra representa una vida atravesada por la violencia, la explotación y la vulneración de derechos. Reconocer esta dimensión humana es fundamental para orientar políticas públicas y estrategias de prevención que sean efectivas y sensibles a las necesidades de las víctimas.
Además, la persistencia de la explotación sexual evidencia que las soluciones requieren un enfoque integral: combinar la legislación vigente con la educación, la concientización social y la capacitación de los equipos judiciales y de asistencia. La Ley Palacios y la Ley 26.364 establecen un marco sólido, pero su cumplimiento depende de la acción coordinada entre Estado, sociedad civil y ciudadanía.
Por último, informar, acompañar y ofrecer canales seguros para denunciar son tareas que fortalecen la democracia y la protección de derechos. La conciencia social sobre la trata y la explotación sexual debe traducirse en compromiso colectivo, políticas efectivas y espacios de apoyo para garantizar que cada víctima pueda reconstruir su vida con dignidad y seguridad.
Fuente fotografías: redes sociales.
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