Un informe elaborado por CEPA reveló que la Administración Pública Nacional redujo en un 31 por ciento real su gasto respecto a 2023. Salud, educación, ciencia, obra pública y desarrollo social resultaron las áreas más afectadas.
Por Florencia Belén Mogno
La política fiscal en Argentina atravesó durante 2025 un proceso de reconfiguración que tuvo como eje el recorte del gasto público. En un contexto económico marcado por la caída del consumo, el desempleo y la reducción de la inversión estatal, la ejecución presupuestaria se consolidó como una de las variables más observadas para dimensionar la magnitud del ajuste aplicado por el Gobierno Nacional.
Este escenario se tradujo en un debilitamiento de las capacidades del Estado para sostener políticas sociales, productivas y de infraestructura. La reducción de fondos también se reflejó en la desarticulación de programas estratégicos, la contracción de recursos en organismos clave y la pérdida de presencia territorial en áreas sensibles como salud, educación y desarrollo social.
En ese sentido el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicó un informe sobre la eecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional a la primera mitad de 2025, en el que se revelaron las principales consecuencias de esta medida.
De acuerdo al reporte al que pudo acceder Diario NCO, “el gasto total de la APN cayó un 31 por ciento real respecto a 2023. La cifra reflejó la magnitud del ajuste, que alcanzó áreas críticas de la gestión estatal”.
Dentro de este panorama, el estudio destacó un dato llamativo: “la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, incrementó su presupuesto un 27 por ciento en comparación con el mismo período de 2023”.
Implicancias de la investigación
El documento también remarcó el peso de los Servicios de Deuda Pública, que representaron “el nueve por ciento del gasto total, manteniendo una proporción significativa en la estructura presupuestaria nacional”.
En esa línea, el reporte difundido por CEPA indicó que, a la par, los organismos públicos de salud evidenciaron un retroceso: “la Superintendencia de Servicios de Salud redujo su ejecución un 52 por ciento, los hospitales nacionales registraron caídas entre 30 por ciento y 39 por ciento, el Instituto Malbrán presentó una baja del 27 por ciento y la ANMAT recortó un 26 por ciento. Entre las instituciones más afectadas se ubicó el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, con un ajuste del 39 por ciento”.
Por otra parte, el documento arrojó, en relación al sector científico que “el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación perdió un 81 por ciento de su presupuesto, la CONAE cayó un 40 por ciento y el CONICET un 29 por ciento”.
A su vez, el Servicio Geológico Minero Argentino retrocedió “un 31 por ciento, el Servicio Meteorológico Nacional un 27 por ciento, la Fundación Miguel Lillo un 25 por ciento y la CONEAU un 20 por ciento. Estos recortes pusieron en cuestión la continuidad de políticas de investigación y desarrollo que durante años habían sostenido la producción de conocimiento en el país”.
Ampliación de los resultados
En materia de seguridad social, el informe expuso: “La ANSES redujo un ocho por ciento su ejecución, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia recortó un 72 por ciento y el INAES un 75 por ciento”.
Los programas de Desarrollo Social sufrieron caídas prácticamente totales: “Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social dejaron de recibir fondos (-100%), el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia retrocedió un 89 por ciento y Comedores Comunitarios y Merenderos un 75 por ciento”.
Los organismos de desarrollo productivo también fueron alcanzados por la contracción presupuestaria. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo perdió “un 77 por ciento de sus recursos, el INTA cayó un 34 por ciento y el INTI un 42 por ciento”.
La educación se consolidó como otra de las áreas críticas. Programas históricos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente quedaron sin ejecución (-100%) y a esto se sumaron otros datos.
El Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles perdió “un 86 por ciento de su presupuesto, las Becas y Gestión Estudiantil retrocedieron un 76 por ciento, al igual que las Acciones de Formación Docente. Infraestructura y Equipamiento cayó un 41 por ciento y el Desarrollo de la Educación Superior un 31 por ciento”.
En salud, varios programas quedaron prácticamente paralizados: Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-100%), Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas (-88%), Prevención de Enfermedades Endémicas (-70%) y Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra (-59%). Solo el programa de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica mostró un crecimiento, con una suba del 25 por ciento en su ejecución.
En síntesis, desde CEPA subrayaron que la ejecución presupuestaria nacional a la primera mitad de 2025 dejó en evidencia “un ajuste severo que afectó programas esenciales para la salud, la educación, la ciencia, la producción, el transporte y la obra pública”.
Fuente fotografías: CEPA.
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