El sindicato acusó ante la Superintendencia de Servicios de Salud, el cobro de coseguros ilegales y la discriminación en prestaciones médicas según afiliación sindical, que afecta a miles de trabajadores públicos.
Por Florencia Belén Mogno
En las últimas semanas se reveló que el sistema de salud para trabajadores estatales del país atraviesa un conflicto grave. El mismo estaría atravesado por “prácticas administrativas irregulares”.
Según denunció la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la obra social Unión Personal, administrada por UPCN, “estaría cobrando aranceles ilegales y restringiendo prestaciones a quienes no se encuentren afiliados al sindicato, lo que compromete el acceso igualitario a la atención médica y vulnera derechos fundamentales de los estatales”.
En ese sentido y de acuerdo con la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, ATE informó que la denuncia fue presentada ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.
En ese aspecto, la entidad sostuvo que el objetivo es “frenar el cobro de coseguros ilegales y la discriminación en prestaciones médicas según afiliación sindical”. El sindicato también destacó que “estas prácticas han sido revertidas parcialmente mediante recursos legales colectivos e individuales, pero persiste la necesidad de supervisión constante y acciones preventivas”.
Detalles de la denuncia
En referencia a lo expuesto, ATE, “la conducta de algunos dirigentes del sector público es miserable. Primero destruyen los salarios de los trabajadores avalando recortes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias”.
El sindicato agregó que se trata de “una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales”.
Asimismo, ATE también indicó que “UPCN está utilizando a la obra social para intentar frenar las desafiliaciones masivas, eximiendo solo a quienes estén afiliados del pago de coseguros y otorgando privilegios como acceso exclusivo a distintos sanatorios”. Esta práctica, además de ser inconstitucional, constituye “una maniobra dolosa que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales”.
Contexto y plan a seguir
En sintonía con lo planteado anteriormente, el informe facilitado a este medio señaló que “la denuncia pone de relieve la tensión entre la gestión sindical de obras sociales y la fiscalización del Estado”.
“La imposición de coseguros diferenciados y la limitación de prestaciones según la afiliación implica no solo un perjuicio económico para los trabajadores, sino también una práctica que atenta contra la universalidad de los servicios médicos contemplados en el Programa Médico Obligatorio (PMO)”, añadió el reporte
En concordancia la Asociación Trabajadores del Estado manifestó y cuestionó en el informe difundido que “esto evidencia la necesidad de controles más estrictos y de garantizar que los beneficios lleguen a todos los estatales sin discriminación”.
En ese sentido, el sindicato expuso que “el impacto de estas prácticas es amplio y estructural y más allá del perjuicio individual, se observa un patrón que afecta a miles de trabajadores y que podría influir en la dinámica de afiliaciones sindicales”.
Además, el organismo planteó que “el traslado de costos indebidos a los empleados evidencia un vaciamiento parcial de la función pública de protección de derechos y refuerza la importancia de la intervención de organismos de control para evitar el abuso de poder dentro de obras sociales gestionadas por sindicatos”.
Por último, el sindicato destacó que la estrategia jurídica implementada ya logró revertir algunas prácticas fraudulentas y que sus delegados en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado casos, asesorando a los trabajadores sobre los procedimientos administrativos y proveyendo los formularios correspondientes para realizar denuncias individuales.
Fuente fotografías: ATE.
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