La Unión de Usuarios y Consumidores, en articulación con la UNLaM, realizó encuentros para educar sobre consumo responsable y prevención de daños, fomentando la participación ciudadana.
Por Florencia Belén Mogno
La protección de los derechos de los consumidores se consolidó en los últimos años como un eje central de la participación ciudadana, donde la educación y la información resultan herramientas fundamentales para prevenir abusos.
La comprensión de las normativas y el acceso a mecanismos de resolución de conflictos permiten que los consumidores actúen con conocimiento y autonomía frente a situaciones de riesgo en sus relaciones de consumo.
El fortalecimiento de la ciudadanía en este ámbito también depende de la articulación entre organizaciones, instituciones educativas y actores comunitarios. Espacios de encuentro donde se comparten experiencias, se resuelven dudas y se brindan herramientas prácticas contribuyen a generar conciencia sobre la importancia de reclamar y hacer valer los derechos establecidos por la Ley 24.240 y la Constitución Nacional.
En este marco, y de acuerdo con el material al que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO
la Unión de Usuarios y Consumidores en conjunto con la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) presentaron un informe respecto de actividades destacadas en el marco del Proyecto de Extensión HCDCE N° 058/2024,
Detalles de la acción social
Según el reporte facilitado a este medio, el proyecto elaborado se titula “Las relaciones de consumo en un marco de prevención de daños”. Durante encuentros con vecinos en la Mutual Brown, las profesoras Marcela D’Ippolito, Laura Piedrafita y María Alejandra Pérez abordaron temas clave.
En el marco de esos encuentros, se trataron ítems como “los derechos de los consumidores según la Ley 24.240 y la Constitución Nacional”, el uso de tarjetas de crédito y contratos, y la mediación como método alternativo de resolución de conflictos, cuyos respectivos análisis luego se comprendieron debtro del informe elaborado en conjunto entre la Unión de Usuarios y Consumidores con la UNLaM.
El estudio destacó que el público, mayoritariamente adultos mayores, participó activamente compartiendo experiencias y preocupaciones, como “las dificultades de acceso a herramientas electrónicas por falta de recursos”.
Asimismo, los alumnos del proyecto también presentaron casos prácticos sobre conflictos de consumo judicializados, enriqueciendo el debate y contribuyendo a la formación de los participantes.
Implicancias de la investigación
En un segundo encuentro realizado en la UNLaM, el proyecto permitió “resaltar la importancia de la articulación entre organizaciones de consumidores, la universidad y los vecinos para construir una ciudadanía más consciente y empoderada.
Según se consignó en el documento, la participación de la Unión de Usuarios y Consumidores permitió aportar datos estadísticos y testimonios que luego fueron integrados en el trabajo final del proyecto.
Estas actividades evidencian la relevancia de generar espacios educativos que fortalezcan la comprensión de los derechos de los consumidores y fomenten la organización comunitaria. Según el informe, iniciativas como estas contribuyen a “prevenir abusos en las relaciones de consumo y promover la participación ciudadana en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos”.
En ese sentido y en coincidencia con lo planteado anteriormente, la Unión de Usuarios y Consumidores reafirmó su compromiso de continuar impulsando este tipo de acciones en diferentes barrios y comunidades.
Además, los desafíos vinculados al acceso a tecnologías y servicios financieros, en particular entre poblaciones vulnerables como los adultos mayores, requieren estrategias de acercamiento adaptadas a cada comunidad.
De esta manera, cabe señalar y destacar que la prevención de daños en las relaciones de consumo no solo implica informar, sino también promover la organización colectiva y la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
En la sociedad actual, el consumo atraviesa casi todas las dimensiones de la vida cotidiana: desde los servicios básicos hasta las nuevas tecnologías, pasando por la contratación de seguros, créditos y diferentes modalidades de compra.
En este escenario, los derechos de los consumidores adquirieron una centralidad cada vez mayor, ya que permiten equilibrar la relación entre ciudadanos, empresas y el Estado. La posibilidad de acceder a información clara y a mecanismos de defensa adecuados se convirtió en un requisito fundamental para garantizar la equidad en esas interacciones.
Fuente fotografías: Unión de Usuarios y Consumidores.
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