Conflictos ambientales e invisibilización indígena en Buenos Aires: una investigación de la UNLaM visibiliza desigualdades históricas
Estudiantes de Trabajo Social y Nutrición de la Universidad Nacional de La Matanza relevaron territorios afectados por el extractivismo en la provincia de Buenos Aires. El estudio advierte sobre la ausencia de políticas públicas integrales y destaca la resistencia de las comunidades indígenas.
Por Florencia Belén Mogno.
En la provincia de Buenos Aires, el avance de los proyectos extractivos se ha vuelto una amenaza directa no sólo para los ecosistemas locales, sino también para la vida cotidiana, la salud y las culturas de quienes habitan los territorios afectados.
Los conflictos ambientales y territoriales se multiplican y, en muchos casos, afectan de manera desproporcionada a las comunidades indígenas, históricamente marginadas de la discusión pública y de la toma de decisiones políticas.
En ese sentido y frente a esta realidad, cobra relevancia la investigación que llevó adelante el grupo PICAT (Pueblos Indígenas, Conflictos Ambientales y Territoriales), en el marco del proyecto CYTMA.
Según el informe al que accedió Diario NCO, el equipo estuvo conformado por estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social y de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de La Matanza, quienes realizaron un mapeo detallado de los principales conflictos ambientales y territoriales en distintos puntos de la provincia.
En ese aspecto, el objetivo fue visibilizar la dimensión estructural de estas problemáticas y aportar a su comprensión desde un enfoque intercultural, territorial y con perspectiva de derechos.
Detalles de la investigación
La sistematización de fuentes y el análisis posterior permitieron identificar zonas críticas atravesadas por conflictos socioambientales vinculados con emprendimientos extractivos, como los agronegocios, la explotación intensiva de recursos naturales y la expansión urbana sin planificación.
A partir de este trabajo, se evidenció que estas transformaciones no solo afectan el entorno físico, sino también las formas de vida, la salud y la organización comunitaria de los pueblos originarios que habitan esos territorios.
El estudio remarcó que las comunidades indígenas bonaerenses se encuentran entre las más impactadas por estos procesos, producto de una larga historia de exclusión institucional y negación de sus derechos territoriales.
La falta de datos oficiales que registren su participación activa en las decisiones territoriales no es casual: responde a décadas de políticas públicas que han invisibilizado sus demandas, sus propuestas y su presencia misma en el mapa político y ambiental de la región.
Precisiones del estudio
En este marco, el informe hizo hincapié en la importancia de analizar los conflictos ambientales desde una mirada integral, que no solo contemple la dimensión ecológica, sino también aspectos relacionados con la soberanía alimentaria, la salud intercultural, la identidad y el género.
Las variables consideradas por el grupo PICAT no se limitaron al impacto ambiental en sentido técnico, sino que buscaron rastrear cómo las disputas territoriales afectan a las comunidades en su integridad cultural y en sus posibilidades de autodeterminación.
Una de las principales conclusiones fue que los modelos de desarrollo promovidos por las nuevas derechas en el país (basados en el extractivismo, la concentración de tierras y la desregulación ambiental), profundizan las desigualdades socioespaciales y exacerban la criminalización de las comunidades que resisten y proponen alternativas.
En esa sintonía, el informe indicó que sstas políticas, según se analizó, intensifican los conflictos territoriales en lugar de resolverlos, y desoyen por completo las voces de quienes habitan y cuidan los territorios.
Implicancias y resultados
A pesar de este contexto hostil, las comunidades indígenas de la provincia continúan articulando respuestas desde una lógica de cuidado, respeto por la naturaleza y fortalecimiento de la vida comunitaria.
En ese aspecto, sus propuestas (basadas en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, en la recuperación de prácticas ancestrales y en modelos productivos sostenibles), marcan un camino opuesto al que impulsan las políticas dominantes, y constituyen un aporte valioso para pensar otras formas de habitar el territorio.
Desde la investigación, se planteó que es urgente reorientar las políticas públicas en este sentido: dejar de reproducir lógicas extractivas y comenzar a diseñar estrategias estatales que reconozcan la agencia política, cultural y territorial de los pueblos originarios.
Para ello, el estudio remarcó es necesario garantizar mecanismos de participación real, fortalecer los procesos de consulta libre, previa e informada, y respetar el derecho a la autodeterminación.
El mapeo y análisis de los conflictos realizado por el grupo PICAT no solo documentó una realidad alarmante, sino que también evidenció la capacidad de las comunidades para resistir y reconfigurar sus territorios desde sus propias cosmovisiones.
En ese sentido, la investigación llevada adelante desde la UNLaM no es solo un aporte académico, sino una herramienta para construir justicia ambiental y territorial en la provincia de Buenos Aires.
Fuente fotografías: CIS UNLaM.
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