ATE Capital presentó un hábeas corpus colectivo para frenar el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte. La medida fue acompañada por organismos de derechos humanos y apunta contra Javier Milei, Luis Petri y Patricia Bullrich.
Por Maira Palavecino
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El secretario general del gremio, Daniel Catalano denunció la militarización encubierta en Salta como un intento del Gobierno de violar el marco legal vigente. La presentación judicial cuestiona decretos que habilitan tareas represivas a los militares y exige transparencia sobre las reglas que regirán su accionar.
El comunicado alerta sobre los peligros institucionales, el riesgo para la población civil y el antecedente histórico que revive. Con tono firme, los impulsores de la medida advierten que la democracia no se defiende con uniformes armados.
“Estamos frente a una reedición de las peores recetas del pasado”, advirtió Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. La frase no es retórica ni exagerada ya que acompaña una presentación judicial que busca frenar una de las decisiones más controversiales del gobierno de Javier Milei.
En ese sentido, se trata de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado ante el Juzgado Federal de Orán, en Salta, contra la llamada “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, un operativo que dispone el despliegue de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interior en la frontera norte del país.
El recurso fue presentado por organismos de derechos humanos de Salta, con el patrocinio del abogado Martín Plaza, y cuenta con el respaldo expreso de ATE Capital, cuyo líder participó activamente en su redacción y difusión.
En la medida se solicita que se prohíba el accionar militar en tareas que impliquen la detención de civiles, por su carácter abiertamente inconstitucional y los riesgos graves que implica para la población. La advertencia no es menor, razón por la cual, este tipo de despliegues suelen implicar violencia institucional, detenciones arbitrarias y ausencia de controles democráticos.
El escrito judicial cuestiona directamente los decretos 1107/24 y 1112/24 y la resolución ministerial 347/35 firmada por el Ministerio de Defensa, que habilitan el uso de fuerzas armadas en zonas de frontera. Aunque el Gobierno justifica la medida en nombre de la lucha contra el narcotráfico, el documento legal presentado por ATE y los organismos firmantes considera que se trata de un paso peligroso hacia la represión interna disfrazada de política de seguridad.
Una de las preocupaciones centrales radica en el carácter secreto de las llamadas “Reglas de Empeñamiento”, un conjunto de disposiciones reservadas que determinarán cómo, cuándo y con qué límites actuarán los militares.
“Sin control civil ni transparencia institucional, las reglas que rigen el uso de la fuerza pueden derivar en abusos graves”, señaló la presentación. La falta de rendición de cuentas, sumada al uso de categorías vagas como “zonas inhóspitas” y “objetivos reservados”, generó un escenario de enorme fragilidad institucional.
En un contexto político donde la retórica del Gobierno nacional oscila entre la hostilidad y el desprecio hacia los sectores organizados, la iniciativa de militarizar la frontera remite a prácticas propias de gobiernos autoritarios.
Para Catalano, lo que está en juego no es sólo una medida puntual, sino el principio mismo de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. “Este plan de militarización encubierta viola la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior”, sostuvo con firmeza.
La presentación ante el juez de Orán exige la inmediata suspensión de la “Operación Roca” y solicita la desclasificación urgente de toda la normativa que la regula.
El uso del nombre del expresidente que comandó la Campaña del Desierto no es casual. Tampoco lo es el silencio oficial ante los antecedentes históricos de ese operativo, cuya base ideológica fue el exterminio de pueblos originarios. Por lo tanto, reivindicar ese nombre en un operativo de control poblacional refuerza el carácter simbólico y materialmente peligroso de la medida.
Los organismos de derechos humanos alertaron sobre las consecuencias concretas que puede tener este tipo de despliegue en zonas marginadas. “La represión en la frontera no es una solución a los problemas sociales. Es una provocación que puede terminar en tragedia”, enfatizó Catalano.
Sin embargo, el Gobierno nacional no explicó en detalle ni el alcance ni los objetivos reales de la operación. El “secretismo” en torno a las “Reglas de Empeñamiento”, sumado al historial represivo de algunas de las fuerzas involucradas, agrava la situación.
Para los denunciantes, es urgente impedir que las Fuerzas Armadas actúen como si fueran fuerzas de seguridad, sin entrenamiento ni formación en derechos humanos, en contextos de extrema vulnerabilidad social.
Desde ATE Capital y las organizaciones firmantes convocaron a la ciudadanía a mantenerse alerta y rechazar el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interior. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se avanza con mecanismos propios de gobiernos represivos bajo la excusa del combate al narcotráfico”, aseguró Catalano. La convocatoria es abierta y apunta a construir una respuesta colectiva ante una política que consideran regresiva y peligrosa.
Fuente: ATE Capital
Foto: El Destape
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