El 10 de enero a la mañana trabajadores y pacientes acompañados por distintas organizaciones realizaron un abrazo en defensa del Centro de Medicina Física y Rehabilitación (CEMEFIR), ubicado en Perú 2433, San Justo.
Por Emilio González Larrea
lapaz50@yahoo.com.ar
Cómo comenzó el problema
Cabe recordar que este centro de salud está en peligro de cierre por una demanda judicial que puede activar el remate del edificio para saldar una deuda de alrededor de 400 mil dólares, historia que comenzó hace más de 10 años por el manejo irregular en la gestión de la Cooperadora de la Institución por parte de quien era su presidente en ese momento, el Dr. Diego Viola, que vendió “cheques voladores” a nombre de la Cooperadora, los cuales al tiempo fueron rechazados por los bancos, generando esa deuda para la institución. Uno de los damnificados, Alberto José Crócamo, compró los cheques rechazados y se convirtió en el principal acreedor de la Cooperadora e impulsa acciones legales para ejecutar la hipoteca del edificio y cobrar la deuda. El caso lo tiene la Dra. Laura Mato del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 que ha activado el expediente para proceder a la ejecución y el remate.
En el 2021 la Ley 15318, aprobada en la legislatura provincial, declaró la expropiación del inmueble por razones de utilidad pública y cederlo al Municipio de La Matanza con destino al funcionamiento de CEMEFIR para lo cual establecía un plazo de 3 años para realizar dicha expropiación, plazo que vence en febrero de este año y nada se ha hecho hasta el momento en ese sentido. Por lo tanto, la institución se encuentra en la cuenta regresiva en cuanto a la ejecución del remate y cierre.
Abrazo y marcha.
Desde las 10 hs se concentraron cientos de pacientes, trabajadores de la institución y organizaciones solidarias de trabajadores, de jubilados, de profesionales de Salud como la CICOP local, trabajadores de salud de la Sala Dr. Chino Oliveri del Barrio María Elena, partidos políticos como el FIT-Unidad y también estuvo presente la concejala, Olga Ortigoza.
Después de realizar una asamblea que comenzó con la entonación del himno nacional por los presentes y continuó con la intervención de tres pacientes, la asamblea decidió marchar por el centro de San Justo, caminando por la Av. Arieta hasta hacer una parada en las puertas del Palacio Municipal, luego hacer lo mismo frente a la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales, para posteriormente volver a CEMEFIR y desconcentrarse.
Piensan continuar con nuevas acciones.
Trabajadores de CEMEFIR que hablaron con nuestro medio, comentaban que estaban muy conmovidos por la respuesta obtenida por parte de los pacientes en la jornada y que también cuentan con el apoyo del director de la institución para esta lucha que están dando. Del mismo modo manifiestan su malestar porque no han recibido el apoyo de la Secretaria de Salud y del Dr. Alejandro Collia para mantener el funcionamiento de CEMEFIR en el lugar. Si bien existe el rumor de que la Vicegobernadora, Verónica Magario, tendría la decisión de reunir el dinero para pagar el costo de la expropiación y evitar el remate, los trabajadores, no tienen mucha confianza en base a lo sucedido hasta ahora y van a continuar con las acciones de visibilización de la situación y por lo tanto, están considerando una nueva asamblea y marcha para esta semana.
Negros nubarrones para la discapacidad, Milei con motosierra profunda.
El cierre de CEMEFIR no solo perjudicaría a los pacientes actuales que concurren a atenderse desde diferentes puntos de La Matanza e incluso de zonas aledañas como del partido vecino de Cañuelas, sino a muchos potenciales pacientes ya que la discapacidad en la Argentina es más amplia de lo que se dice, porque se cuenta solo a quienes tienen el Certificado de Discapacidad y no todos lo tienen dado que cada vez hay más trámites burocráticos para obtenerlo, en especial desde que asumió Javier Milei.
Según el último censo nacional sobre discapacidad hay 1.500.000 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Pero expertos en el tema destacan que hay un considerable subregistro de casos, es decir una discapacidad oculta. Por otra parte, el presupuesto 2025 del gobierno de Milei prevé dar de baja 200 mil pensiones por discapacidad y puede ser más amplia la poda, pues el Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo ha dicho que “son 600 mil casos los que estamos revisando”.
Frente a esta situación está a las claras lo vital que resulta para los más vulnerables del país, contar con el funcionamiento pleno de instituciones como CEMEFIR, y en este caso con el único centro especializado en discapacidad motora, público y gratuito en nuestro partido.
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