Basta de Tarifazos Unidad Ciudadana quiere frenar los tarifazos
Buscan frenar
El bloque FPV-PJ, presentó un proyecto de ley con el objetivo de suspender los aumentos tarifarios de los servicios públicos de gas, electricidad, agua potable y cloacas a partir de enero de este año, prohibir nuevos aumentos por el plazo de un año desde su sanción y establecer que los futuros incrementos se adecuen a criterios de equidad.
De aprobarse la ley, las tarifas deberán retrotraerse a 31 de diciembre de 2017 y, a su vez, se impediría a las empresas que prestan esos servicios que efectúen cortes por falta de pago de las facturas correspondientes a consumos de los años 2016 y 2017.
En paralelo, se establece que en adelante, todo incremento en las tarifas de los servicios contemplados en el proyecto debe seguir criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva, así como ser justo y accesible; no pudiendo exceder el promedio del Coeficiente de Variación Salarial del año calendario inmediato anterior.
La fundamentación de dicha norma, se basa en los reiterados aumentos tarifarios desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri en conjunto con la quita de subsidios a dichos servicios básicos. Según datos relevados por la Universidad Nacional de Avellaneda, respecto a los valores vigentes en 2015, las tarifas de la energía eléctrica se incrementaron 1490%. Estos aumentos, no repercutieron en una mejora del servicio. Por el contrario, si se consideran las interrupciones en el suministro eléctrico de 2017, se puede observar que fueron superiores a las correspondientes del año anterior. A su vez, en lo que hace al servicio de agua, el aumento acumulado desde diciembre de 2015 a la fecha fue de 664%, afectando particularmente a los sectores populares. Por su parte, la tarifa de gas muestra un alza de 1297%.
Estos aumentos desmedidos, derivaron en que, por ejemplo, diversos sectores y actores sociales se vieran obligados a demandar en el Congreso Nacional leyes o excepciones que atendieran situaciones particulares (personas electrodependientes, bomberos/as, cooperativas, clubes de barrio). De este modo, se visibiliza que el gobierno desconoce al Estado como garante de los derechos y pretende que los ciudadanos y ciudadanas deban lidiar de forma individual con precios y tarifas sin su intervención.
El diputado nacional Agustín Rossí, autor del proyecto, destacó que “Va a significar un alivio inmediato para el bolsillo de los trabajadores argentinos”, al tiempo que “producirá efectos positivos para la industria y el comercio”, en caso de ser aprobado por el Congreso Nacional.
A partir de un relevamiento llevado a cabo por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, en los últimos tres años Argentina se convirtió en el país de la región donde el impacto de las tarifas de los servicios públicos fue mayor en proporción al aumento de los salarios. Cuando en 2015 se destinaba un 6% de los mismos para pago de servicios públicos, en la actualidad ese porcentaje asciende a 21%. Nuestro país se posiciona, por consiguiente, en el tercer lugar de la región en cuanto al peso del impacto del pago de tarifas por sobre los haberes, sólo después de Venezuela y Chile.
El tarifazo que está realizado en Gobierno es impagable para la gran mayoría de lxs argentinxs.
Por eso impulsamos una ley para congelar las tarifas.
Es por esto, prioritario defender los derechos de usuarios/as en el acceso a los servicios públicos. Los aumentos tarifarios desmedidos impactan de lleno en la vida cotidiana, deteriorando la realidad social de los ciudadanos y ciudadanas.
