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![Artusa remarcó que cuando asumió, el espacio no tenía luz ni gas.](https://diario-nco.net/wp-content/uploads/2024/02/ARTUSA-2.jpg)
El insólito conflicto ya se dirime en la Justicia. Daniel Artusa, quien ganó las últimas elecciones, denuncia que la tesorería no actúa con transparencia y apaña a un sujeto que vive de manera irregular en el local partidario sacando rédito económico del mismo.
Por Soledad Martínez
martinezgsoledad@gmail.com
El Centro Socialista de Tapiales está siendo el escenario de un insólito conflicto interno en el cual parte de la comisión directiva desconoce la autoridad de su secretario general, Daniel Artusa, quien ganó las elecciones en abril de 2021 y cuyo mandato está vigente.
Según explicó Artusa, el conflicto ya se dirime en la Justicia y consiste en “un hecho de sedición” que implica “graves falencias administrativas”.
La disputa gira en torno al manejo de la sede del partido. “Es un local que siempre estuvo a cargo del Centro Socialista, más allá de quien dirigiera la fuerza, pero en este momento se encuentra tomado por sediciosos”, explicó por su parte Alejandro Ortiz, miembro del espacio.
En esta línea, Ortiz agregó: “puntualmente hay un señor que hace años vive ahí en condición irregular. Esta persona integra la mesa directiva y vive de un extraño manejo administrativo” con el aval de parte de tesorería.
Esta situación implica que, insólitamente, parte de la comisión directiva no respeta la autoridad del secretario general. “En este momento la gente de tesorería se niega a rendir cuentas al secretario general. Hemos presentado cartas documento, intimando a que presenten la documentación en un acto de transparencia administrativa normal”, reveló Ortiz.
Por su parte, Daniel Artusa contó que le llegan “por terceros” información administrativa, de cobros que se hacen y se asientan en los libros. “Mí tranquilidad, serenidad es que yo tengo todo legalmente constituido. No soy una persona que fui y ocupé el lugar, ganamos la elección del 21 de abril de 2021”, expresó el secretario general del Centro Socialista de Tapiales.
Artusa remarcó que cuando asumió, el espacio no tenía luz ni gas y que llegó a ver al profesor de taekwondo “dando clases entre 7 tachos por las goteras que había”, pero que en la actualidad han logrado “ponerse al día con algunas cosas”.
Sin embargo, el secretario general manifestó que hay cuestiones en las que no se puede avanzar porque no se han tramitado las exenciones municipales “porque este señor que ocupa el espacio no quiere regularizar su situación”.
“Expulsamos al secretario general”
La facción que en la actualidad desconoce la autoridad de Artusa se ufana en los medios de comunicación de haber “expulsado” al secretario general. “Es absurdo que se reúna un grupo de gente, que no son la mayoría de los miembros del centro y tomen esta decisión. Está fuera de lo legal, de lo normal. Es una actitud infantil”, manifestó Ortiz.
Además, recalcó que no están en juego cuestiones políticas, sino que este grupo de personas “está defendiendo intereses personales” y que la tesorera del centro no cuenta con la documentación correspondiente sobre las actividades que se llevan a cabo en el espacio.
Según contó Ortiz, cuando exigen dicha documentación, la respuesta es que no están en una asociación con fines de lucro y son “personas conocidas”. Pero para Artusa es fundamental que haya “transparencia en un lugar en el que se maneja dinero que no es propio”.
Pero la resistencia estuvo desde el inicio. “Ganamos las internas en abril y pudimos entrar al centro recién en agosto”, recordó Artusa que también resaltó que el objetivo desde el inicio de su mandato fue lograr la institucionalización del espacio.
En este contexto, caracterizado por la negociación y el diálogo, el secretario general reconoció que “ha costado horrores estos 3 años de gestión”. El pico más álgido del conflicto se dio en noviembre último en una reunión que terminó de manera violenta.
El 10 de enero, Artusa llegó al local para participar de una reunión que había convocado pero se encontró con que su llave no abría. Como no le permitían entrar, llamó al 911 y con los efectivos policiales pudo entrar. Sin llegar aún a un acuerdo, el conflicto continúa en la Justicia.