Las centrales sindicales aprobaron un documento conjunto que apunta a enfrentar el ajuste del Ejecutivo Nacional y anunciaron una agenda de acciones que incluye movilizaciones, cabildos abiertos y una nueva Marcha de San Cayetano.
Por Florencia Belén Mogno
En un contexto de crisis social y económica, con un fuerte ajuste fiscal y deterioro del poder adquisitivo, el movimiento sindical volvió a posicionarse como actor central en la disputa por el rumbo del país.
A medida que se profundizan las consecuencias del modelo económico impulsado por el Ejecutivo Nacional, las organizaciones gremiales retomaron la iniciativa con propuestas concretas, planes de lucha y articulaciones territoriales orientadas a revertir las políticas de exclusión y desregulación.
La ofensiva gubernamental sobre los derechos laborales, el sistema previsional, la salud pública y el salario real impactó de lleno en los sectores populares. Frente a este escenario, las centrales obreras apuestan a construir respuestas colectivas que combinen movilización, unidad y producción de alternativas.
En ese sentido y de acuerdo con la información a la que pudo acceder Diario NCO, la preocupación por el rumbo actual del país se expresó de forma contundente en el plenario conjunto que llevaron adelante la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores ambas centrales, encabezadas por sus secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky.
Ambas entidades aprobaron un documento titulado “Ante la tiranía del Gobierno Nacional: diez medidas urgentes para otra Argentina”, que se difundió en todo el país a través de las regionales y puesto a disposición de la sociedad para abrir el debate público sobre las prioridades políticas y económicas.
Detalles del reporte
Entre los ejes centrales del documento se planteó la necesidad de realizar una auditoría completa sobre la deuda externa y de rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al considerar que “fue contraído sin aprobación legislativa y con un carácter ilegítimo”.
Según señalaron, “no puede cargarse sobre los sectores populares el costo de un endeudamiento generado por intereses especulativos. En esa línea, propusieron suspender los pagos, revisar los términos del acuerdo y reestructurar los compromisos financieros internacionales”.
También reclamaron una política de ingresos orientada a las mayorías, que contemple un salario mínimo equivalente al costo de la canasta básica, jubilaciones por encima de la línea de pobreza, paritarias libres, un salario básico universal y el impulso a la obra pública.
A su vez, destacaron la importancia de fomentar el empleo verde con un plan nacional de forestación y de poner en valor las políticas de cuidado, junto con una reforma laboral que contemple la reducción de la jornada sin afectar los ingresos.
Uno de los puntos más destacados del documento apuntó al control sobre los grandes grupos económicos que, según denunciaron, remarcan precios, evaden impuestos y concentran la renta.
En ese sentido, propusieron medidas para tributar a los monopolios, crear agencias de control sectorial en áreas como agro, energía, banca y comercio exterior, y eliminar los privilegios fiscales que sostienen el actual esquema regresivo.
Precisiones del reclamo
Desde ambas CTA se insistió en la necesidad de “reindustrializar el país a partir de una estrategia de sustitución de importaciones, deteniendo el circuito especulativo del “carry trade” y utilizando la renta energética y de los recursos naturales para desarrollar proveedores locales, tecnología y soberanía alimentaria”.
Para financiar estas políticas, se planteó una “reforma tributaria progresiva con impuestos a las grandes fortunas, a las ganancias no reinvertidas y a las empresas multinacionales, así como la eliminación de exenciones injustificadas”.
Asimismo, otro de los ejes estratégicos consiste en “recuperar el control estatal sobre el comercio exterior, las vías navegables y los puertos, junto con el relanzamiento de la flota mercante nacional”.
Desde el sindicalismo advirtieron que “hoy el comercio está en manos de corporaciones que operan sin control público, y reclamaron la creación de empresas testigo estatales en sectores clave como energía, agro y minería”.
Exigencia de medidas
En materia institucional, las centrales señalaron la necesidad de avanzar en una “democratización real del Poder Judicial, con participación ciudadana y sin privilegios corporativos”.
También exigieron el fin del “lawfare” y del uso del sistema judicial como herramienta de persecución política, junto con la “elección popular de magistrados y el juicio a los jueces que actúan en connivencia con intereses económicos concentrados”.
Asimismo, se manifestó una firme defensa de los derechos laborales y sindicales, y el rechazo al DNU que restringe el derecho a huelga y criminaliza la protesta social. Las CTA reivindicaron la plena libertad sindical, la defensa de las paritarias, la legitimidad de la protesta y la protección de los delegados y delegadas en todos los ámbitos de trabajo.
A nivel geopolítico, el documento propuso una estrategia de integración latinoamericana soberana, frente al aislamiento promovido por el Ejecutivo Nacional. En ese marco, se planteó fortalecer el MERCOSUR, reactivar el Banco del Sur, e impulsar la complementación regional en áreas como salud, defensa, energía, transporte y alimentos.
Finalmente, las centrales reafirmaron la continuidad del plan de lucha con acciones concretas y así acompañarán la movilización de jubilados del Congreso a Plaza de Mayo. Además, participarán de la Marcha de San Cayetano el 7 de agosto y organizarán cabildos abiertos en todo el país para debatir propuestas desde los territorios.
Fuente fotografías: CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores.
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