Hace años que el debate por la legalización de la interrupción voluntaria de embarazo no logra traspasar el ámbito social. Hace unos meses, el asunto comenzó a crecer y a tomar fuerza en la sociedad, tanta fuerza que hizo que rompa las puertas del Congreso de la Nación. En el marco de la discusión por la legalización del aborto que va a tener lugar hoy, la diputada Lucila de Ponti, habló en exclusivo con Diario NCO.
Por Mailén Britos
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Por primera vez en la historia, los legisladores decidieron dejar de mirar para el costado e ignorar la realidad. Hace unos meses se presentó el proyecto de ley que establecía la despenalización de la práctica y en abril comenzaron las comisiones donde había expositores a favor y en contra del aborto. La sociedad vive este paso histórico de forma intensa, pero también muy dividida.
Por un lado están quienes bancan esta iniciativa y se manifiestan con pañuelos verdes en sus mochilas, puños o cuellos, y por el otro lado se encuentran los que repudian totalmente este acontecimiento histórico, distinguidos por sus pañuelos celestes bajo la leyenda “Salvemos las dos vidas”.
La realidad es indiscutible: el aborto es historia hace mucho tiempo pero no por su despenalización, sino por su clandestinidad y su negación de un sector importante de la sociedad. Las mujeres que se someten a prácticas clandestinas se juegan la vida, saben que el extremo de esa práctica es la muerte. Y eso sucede. Miles de mujeres llegan al hospital con hemorragias producidas por un aborto mal realizado y pasan sus últimos minutos de vida entre interrogatorios de que hizo y porqué lo hizo.
“El proyecto de ley establece la despenalización del aborto hasta la semana 14 sin tener ningún motivo en particular si no porque es su voluntad, la idea es que esto deje de ser un delito en nuestro código penal. La legalización establece que el sistema de salud pública tiene que hacerse cargo de garantizar esta práctica tanto en los hospitales públicos y las obras sociales en sus planes médicos”, con esta explicación abrió el diálogo la diputada del Partido Justicialista con Diario NCO.
El Código Penal que hoy está vigente establece que la mujer puede recurrir a la realización de un aborto por tres causales: interrupción por violación, interrupción cuando hay un riesgo en la salud de la mujer e interrupción cuando el bebé es incompatible con la vida extrauterina, que generalmente son casos donde se presentan malformaciones muy graves.
“El sistema de salud pública tiene que garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo y aparte tiene que garantizar otras políticas aparejadas como las consejerías pre y post aborto, que refiere fundamentalmente a que la mujer pueda recibir toda la información, que sea informada de todos los métodos que existen para realizar un aborto”, continuó De Ponti.
Acompañada de estas medidas que mencionamos hasta el momento, también se le suma el pedido para que se refuercen las políticas de educación sexual integral y de anticoncepción. Si bien, dichas medidas ya existen de forma obligatoria pero no se cumple al pie de la letra, por eso la ley por la despenalización del aborto pide que esto se establezca con más firmeza.
De Ponti señaló que en Rosario realizó una encuesta para saber cuántos chicos recibían educación sexual y el 65 por ciento de los jóvenes declaró que no había recibido ningún tipo de educación sexual en sus escuelas, a pesar de que es una ley establecida hace años. Por eso mismo, el proyecto refuerza la idea de que dicha ley ya sancionada, debe cumplirse de forma obligatoria para que los jóvenes estén bien informados.
“Fundamentalmente se tiene que garantizar el derecho de la mujer y persona gestante a elegir si quieren llevar adelante la maternidad y como quieren llevarla adelante. Esto es lo que deja plasmado la ley en sus 22 artículos, que fueron modificados en un dictamen que se firmó ayer en diputados”, expresó De Ponti.
La diputada del PJ marcó su postura a favor de la despenalización porque el aborto existe y hay alrededor de 500 mil abortos anuales. “La cifra que usamos se construyó a partir de un censo de proyecciones, porque al ser clandestino no hay estadísticas declaradas en algún lado. En el año 2016 encargó este estudio y nosotros nos basamos en esos datos”.
En la misma línea, afirmó que el aborto existe y eso se sabe por diferentes motivos: porque lo puede haber realizado gente cercana, o porque conocemos experiencia de este tipo o porque nosotras mismas lo pudimos haber implementado. “El estado tiene que correrse de esa posición donde se penaliza y criminaliza a la mujer que recurre a esa práctica”, afirmó De Ponti.
“El Estado tiene que desarrollar una política de salud pública que le garantice a la mujer la posibilidad de realizarlo en condiciones de salubridad, seguridad para su salud y su vida. Además debe fortalecer las políticas de salud sexual y reproductiva, pero esto no va a pasar hasta que el estado no reconozca que el aborto se realiza. Los tratados internacionales establecen que tenemos que avanzar en este sentido”, expresó la diputada.
En otros países donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal o tiene políticas más flexibles, el Estado pudo llevar a cabo políticas que lograron la reducción de muertes en abortos inseguros e incluso de abortos en su totalidad. En la ciudad de Rosario, el municipio tiene una política activa para atender este tipo de situaciones.
“Hay distintas consecuencias cuando la práctica se realiza en contextos inseguros o no hay un acompañamiento de alguien. Cuando hay una falta de información e instrumentos adecuados, hay un montón de consecuencias como crisis por hemorragia que generan lesiones en el cuerpo, en el sistema reproductivo o el extremo más fuerte que es la muerte de la persona que se sometió a un aborto sin condiciones de salubridad”, manifestó De Ponti.
“Nosotros ponemos en la mesa que cuando eso se realiza con los instrumentos adecuados es una práctica poco invasiva e inclusive genera menos riesgos que llevar a término un embarazo. Es necesario entender que la medicina desarrolló una tecnología que se puede utilizar para realizar esta práctica que hace que sea posible llevar adelante una política de salud pública lo cual hace que la mujer pueda realizarlo de una manera más informada y libre cuando cuenta con los recursos”, remarcó.
Si bien, esta fase histórica de la Argentina donde pone en el proyecto de ley en el congreso hizo que se genere un estallido social que aprueba el debate de esta práctica que se lleva a cabo hace muchos años. También hizo que la sociedad se divida y que aquellos que están en contra, se manifiesten pidiendo que no se legalice la ley.
Tal vez, a mucha gente de la sociedad le cuesta entender que acá no se trata de si está bien o mal someterse a la interrupción voluntaria del embarazo. Si no que, como hecho existente el foco de la discusión debe estar puesto en la legalidad o clandestinidad del aborto. Uno puede estar en contra de la práctica, pero no puede seguir negando las mujeres que se mueren por abortos mal realizados.
“En algunos sectores hay una hipocresía muy grande, quieren poner esto como una defensa de la vida pero en verdad la vida está en juego en otras situaciones donde no hay una preocupación como hay en este caso. Eso tiene que ver mucho más con los privilegios que quieren mantener dichos sectores, quieren mantener su poder cultural como la iglesia, que tiene mucha injerencia en nuestras leyes y educación”, comentó.
Para ella, cuando se pone en discusión a dichos sectores ellos ven en riesgo su privilegio y su poder. “También está en juego el poder de la corporación médica que ejerce de una manera autoritaria el poder del saber médico sobre el conjunto de la sociedad, más que nada de las mujeres en la salud reproductiva”, concluyó De Ponti.
