El 13 de diciembre se publicó desde Ginebra, Suiza esta evaluación hecha por la ONU sobre el conflicto social chileno.
El último informe de la Oficina de Derechos Humanos describe múltiples violaciones de derechos humanos de Carabineros y hace un llamado a reformas.
El informe de 30 páginas fue realizado en base a lo presenciado entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre por el equipo enviado a Chile desde la Oficina de Naciones Unidas Para los Derechos Humanos a raíz del conflicto social que estalló a mediados de octubre.
Ima Guerreras Delgado, la coordinadora de este equipo, informó cómo procedieron en su labor: “Hemos visitado siete regiones del país, hemos estado en Temuco, en Concepción, en Valparaíso, en Antofagasta, en la Serena, aparte de Santiago. Hemos tenido entrevistas con 236 víctimas, hemos visitado hospitales, comisarías y cárceles”, entre los entrevistados se encuentran manifestantes heridas, detenidos y sus familiares.
El equipo realizó 60 entrevistas a oficiales de Carabineros de Chile también. “Hemos visitado a carabineros heridos, nos hemos reunido con las altas autoridades a nivel del ejecutivo. Nos hemos reunido también con una amplia gama de actores de la sociedad civil, más de 300 organizaciones”, explicó Guerreras Delgado.
Si bien podría decirse que los resultados eran esperables por los numerosos y violentos videos que se viralizaron en estas últimas semanas, el equipo constató que se produjo un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos en muchas ciudades del país, principalmente por las fuerzas policiales.
El informe señala que “Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos”.
Violencia por parte de Carabineros de Chile
Durante su misión, el equipo documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños y niñas, perpetrados por miembros de Carabineros y militares. La gestión de las manifestaciones por parte de Carabineros se llevó a cabo de manera represiva.
Durante las recientes protestas masivas y estado de emergencia, Carabineros de Chile y las Fuerzas armadas incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza.
Se disolvieron manifestaciones pacíficas a pesar de no representar amenaza alguna, sin intentar aislar a personas violentas en caso de enfrentamientos. Las escopetas antidisturbios y demás armas conocidas como menos letales se utilizaron de manera exagerada.
Se produjeron numerosos episodios de ataques contra las fuerzas de seguridad y destrucción de bienes. Hay que recordar que las manifestaciones están profundamente ligadas a las desigualdades. Se reclama por educación gratuita y de calidad, pensiones dignas, salarios justos, y demás derechos.
Según información oficial, más de 28.000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre, y aunque la mayoría de ellas han sido puestas en libertad también fueron detenciones que se realizaron de manera arbitraria.
Las muertes que causó este conflicto
El Ministerio Público indicó que existen investigaciones en curso sobre 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha verificado la información sobre 11 de estas 26 muertes. Cuatro de esos casos constituyeron “privación arbitraria de la vida y otras muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado”.
Y en dos de estos casos “parece haberse utilizado fuerza letal, en forma de armas de fuego. Esto contraviene la normativa y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y puede, dependiendo de las circunstancias, constituir una ejecución extrajudicial”.
El informe denota que la cifra del Ministerio de Justicia de 4.903 personas heridas hasta el 10 de diciembre, incluidos 2.792 oficiales de Carabineros, queda corta. Además, hay 350 personas con heridas oculares o faciales, que si bien resultaron principalmente de perdigones, algunos casos también fueron resultado del “uso de irritantes químicos, en particular gases lacrimógenos y, en algunos casos, del impacto de los cartuchos de gas lacrimógeno”.
Las autoridades chilenas “tenían información sobre el alcance de las lesiones desde el 22 de octubre. Sin embargo, no se tomaron medidas eficaces, expeditas y oportunas para poner fin al uso de armas menos letales, especialmente de las escopetas antidisturbios con perdigones. La pronta acción de autoridades responsables podría haber evitado que otras personas sufrieran heridas graves”.
