Así lo determinó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
Este viernes por la tarde, en un nuevo acto en Plaza de Mayo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional brindó un informe que determinó que el Estado asesina a una persona cada 19 horas a causa del gatillo fácil y la violencia institucional.
La CORREPI informó que la gestión Cambiemos fue la más represiva desde 1983, ya que en cuatro años se registró un total de 1833 víctimas del aparato represivo estatal. Esta cifra corresponde al periodo que va desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 15 de noviembre de 2019.
Según el organismo de derechos humanos, estos números equivalen al 26% del total desde diciembre de 1983. Estas estadísticas provienen de los casos registrados en el archivo de la CORREPI y son producto de las políticas represivas del gobierno saliente.
El informe expuesto informó que este año se incorporaron 157 casos del 2018, la mayoría de las muertes se dieron en lugares de detención, ya que los organismos oficiales a nivel federal (Procuración Penitenciaria de la Nación) y provinciales publican los datos recién al año siguiente.
Según la Comisión Provincial por la Memoria, en la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de María Eugenia Vidal, el promedio de víctimas en Estado de detención rondó entre los 140 y 150 casos por año.
La gestión de la muerte
En una entrevista para la agencia de noticias Télam, la abogada María del Carmen Verdú, sostuvo: “Confirmamos lo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo, que es que esta gestión que acaba de terminar del Gobierno de Cambiemos ha sido la más represora que padeció la Argentina desde el fin de la dictadura cívico militar eclesiástica”.
Según CORREPI, una muerte cada 19 horas no es un dato menor si se tiene en cuenta que “al kirchnerismo le llevó más de 10 años pasar de un caso cada 46 horas a uno cada 30”. En este sentido, el macrismo incrementó de forma notable la frecuencia de asesinatos en manos del Estado.
Cabe recordar que el Gobierno saliente, con la ministra de seguridad Patricia Bullrich, apoyó la doctrina Chocobar que les permite a las fuerzas de seguridad disparar a cualquier persona que les resulte sospechosa; y además defendió el proyecto “ofensores de trenes” que determina que la policía puede interceptar a los pasajeros para identificarlos.
Terminar con la “represión estatal”
Durante su asunción, el presidente Alberto Fernández se refirió a la violencia estatal y represiva. Respecto a esto, Verdú expuso: “No es para nada una cosa menor que, hace tres días en la Asamblea Legislativa, cuando juró el presidente Fernández haya reconocido que el gatillo fácil existe y que es una política de Estado”.
Y agregó: “Es la primera vez que un presidente lo dice y en un acto ultra oficial como este, y eso es indudablemente un mérito de todas estas compañeras y compañeros, familiares organizados que han sabido colocar el tema dentro de la agenda política”.
Según la abogada, “para terminar con la esa lógica del disparo por la espalda, no solamente hay que declamarlo, hay que hacerlo”. Es decir, que el nuevo Gobierno deberá tomar decisiones políticas respecto a estos temas.
Verdú indicó que en el Congreso de la Nación hay un proyecto de reforma del código penal que abala la misma norma de la resolución 956 (doctrina Chocobar) en el artículo 34.
“Entonces, también hay que retirar ese código penal del Estado parlamentario. Tiene que ver con toda la situación de detenciones arbitrarias en sus dos aspectos: las detenciones arbitrarias para identificar o por contravenciones o por razias en la vía pública, y terminar con todas las formas de intercepción, identificación y detención de personas que no han cometido un delito”, sostuvo la abogada.
