En el caso del doble asesinato en que perdieron la vida Héctor Olivares y Miguel Yadón, la Justicia argentina acusa a los detenidos por haber matado con el concurso premeditado de todos ellos, en el marco del artículo 80 del Código Penal.
Es decir que para el juez todos se pusieron de acuerdo y dividieron sus roles para que ese día, en ese lugar pudieran acribillar a las víctimas.
Y sobre la base de ello podrían ser condenados todos a prisión perpetua, sin beneficio de ninguna salida anticipada.
También recientemente, la Justicia Uruguaya acepto el pedido de extradición hacia nuestro país de quien pareciera ser el acusado más complicado: Juan José Navarro Cádiz. Sin embargo, y aunque parezca muy extraño e injusto, la situación legal de Navarro Cádiz es bastante diferente que el resto de los implicados.
Esto es así toda vez que Uruguay ha puesto una condición indispensable para ejecutar el traslado a Buenos Aires de este sujeto. La condición es que solo podrá ser condenado a una pena máxima de 30 años de prisión, y por lo tanto también podrá ser beneficiado con la libertad condicional dentro de algunos años. Es en este marco que la Justicia argentina, en retribución a la extradición que acepto Uruguay, se compromete a no aplicarle a Navarro Cádiz la pena de prisión perpetua.
Esto es así aún cuando Juan José Navarro Cádiz fue señalado por el resto de los detenidos como el autor material de los disparos fatales y mortales.
Por ello la resolución y el acuerdo al que arribaron las Justicias de ambos países, resulta legal y acorde al Derecho Internacional de los Estados. Pero dejará, a no dudarlo, un sabor muy amargo en la sociedad.
Hugo López Carribero
Abogado Penalista
Profesor de Derecho Penal
Universidad del Chaco Austral
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