El Tribunal Oral Federal N°1 de Buenos Aires dio a conocer la sentencia por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Sheraton.
Nombrado así por los militares ante los “famosos” que pasaban entre los cautivos, funcionó entre de octubre de 1976 y mismo mes de 1978 en la subcomisaría de Lomas del Mirador.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que fue querellante en representación de la familia de Roberto Carri y Ana María Caruso, señalaron que se trata de la primera sentencia por crímenes cometidos en este centro clandestino de detención.
Justicia demorada
Los secuestros, torturas y homicidios que llegaron a este juicio fueron denunciados por sobrevivientes y familiares en 1984, pero su investigación se frenó con el dictado de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Es la primera vez también que un tribunal condena a miembros del Grupo de Artillería N°1 de Ciudadela por delitos de lesa humanidad.
Los militantes Roberto Carri y Ana María Caruso fueron secuestrados el 24 de febrero de 1977, en Villa Tesei, Morón, y fueron retenidos por la dictadura genocida en el CCD Sheraton por lo menos hasta fines de diciembre de 1977. Eran integrantes del área de Prensa de la Zona Oeste de Montoneros, en la provincia de Buenos Aires y se los conocía como Coco y Sarita. Hasta el día de hoy permanecen desaparecidos.
Las penas
En su fallo, el tribunal condenó a los genocidas Manuel Antonio Luis Cunha Ferré, Roberto Obdulio Godoy y Juan Alfredo Bataffarano por los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas de Roberto y Ana María y a Rodolfo Enrique Godoy, por sus secuestros.
Además, Roberto Obdulio Godoy fue condenado a 25 años por secuestros, torturas y los homicidios de Carlos Alberto Hobert y Graciela María Maliandi. José María Mainetti fue condenado a 20 años, por los mismos homicidios. Cunha Ferré y Rodolfo Enrique Godoy fueron condenados a 20 años de prisión por secuestros y torturas.
Todos estos efectivos integraban el Grupo de Artillería N°1 “General Iriarte” de Ciudadela, de la que Rodolfo Enrique Godoy era segundo jefe y jefe de la plana mayor de esa unidad.
Por su parte, Juan Alberto Bataffarano, fue condenado a 11 años. Era subcomisario de Villa Insuperable y como tal, no solo cedió el espacio de la subcomisaría sino que aportó el personal necesario para la custodia de las personas secuestradas.
Su presencia en el caso cumplió una función extra: dar la apariencia de que ese destacamento era una subcomisaría y no un centro clandestino de detención. Al igual que el exsubcomisario Leopoldo Luis Baume -condenado a 8 años- lo encontraron responsable de privaciones ilegales de la libertad y torturas.
El próximo 24 de mayo se conocerán los fundamentos de la sentencia de este juicio oral, donde desde noviembre de 2017, cuatro militares y dos policías fueron juzgados por 18 casos de secuestros y torturas entre las que se encuentran las cometidas contra el guionista Héctor Oesterheld, que permanece desaparecido tras haber permanecido en cautiverio en ese centro clandestino.
Sin condena para dos responsables
El Sheraton funcionó entre diciembre de 1976 y abril de 1978 en la subcomisaría de Lomas del Mirador, que dependía de la Comisaría 3ª de Villa Madero, bajo control de la Unidad Regional de Morón. Fue usada por el Grupo de Artillería Mecanizada 1 (GAM 1) para alojar ilegalmente y torturar a detenidos durante los años de terrorismo de Estado.
Los dos mayores responsables de ese chupadero no fueron juzgados, ya que Juan Manuel Costa, que fue subjefe de esa unidad militar hasta fines de 1977, falleció en 2014 sin condena. Y el general Héctor Gamen, quien revistió como segundo jefe de la Brigada de Infantería de la que dependía el GAM 1, fue apartado del juicio por problemas de salud. Para entonces, ya contaba con una condena a prisión perpetua por crímenes cometidos en el centro clandestino El Vesubio.
De los seis represores que llegaron a ser juzgados, solo uno lo hizo desde el encierro en una cárcel común: ese fue el oficial de inteligencia que tuvo a su cargo el centro clandestino Roberto Godoy. El resto cumple prisión preventiva en su casa.
Rodolfo Godoy, ex segundo jefe del Grupo de Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela, el coronel (r) Manuel A. Luis Cunha Ferré, oficial de Inteligencia que tenía a su cargo el Sheraton y el ex coronel José María Mainetti completan la nómina de integrantes del Ejército condenados. Los policías condenados Leopoldo Baume y su reemplazante Juan Alfredo Battafarano. Todos superan los 70 años.
Diez desaparecidos
Tal lo dicho, los acusados fueron condenados por secuestro y aplicación de tormentos a 18 personas. De ellas, diez permanecen desaparecidas: además de Oesterheld, el cineasta Pablo Bernardo Szir, Luis Salvador Mercadal, Adela Esther Candela de Lanzillotti, Héctor Daniel Klosowski, la docente Ana María Caruso, el sociólogo Roberto Eugenio Carri, Juan Marcelo Soler Guinard, Graciela Moreno y José Rubén Slavkin.
Cabe consignar que ante el Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces José Michilini, Adrián Grumberg y Pablo Vega, la fiscal Ángeles Ramos había solicitado penas más altas.
La causa peligró tras la muerte del genocida Jorge Rafael Videla, hasta entonces el único acusado con vida, y en 2013 recobró impulso cuando el juez federal, Daniel Rafecas, dictó el procesamiento con prisión preventiva de los represores imputados.
La reconstrucción de los hechos tuvo que ver con el rearmado de la cadena de mandos entre las máximas autoridades y el Sheraton, el estudio de legajos, así como el reconocimiento de fotografías por parte de las víctimas.
Víctimas confinadas
Ubicado en la localidad de Lomas del Mirador, en la esquina de las calles Tapalqué y Quintana casi Juan Manuel de Rosas, ex Provincias Unidas, el campo de exterminio del Sheraton también era conocido como Embudo y funcionó al menos entre diciembre de 1976 y abril de 1978.
La subcomisaría dependía de la Comisaría 3ª de Villa Madero, que estaba, a su vez, bajo el control de la Unidad Regional de Morón. En el marco del plan criminal, esa estructura policial tenía relación con el Grupo de Artillería Mecanizada N°1 de Ciudadela “Brigadier General Iriarte”.
El lugar destinado al confinamiento de las víctimas fue principalmente el sector de calabozos de la subcomisaría, que se encontraba cerrado a otros usos y separado del resto de la dependencia por una puerta de reja metálica. La planta alta, el patio y la entrada también fueron utilizados para mantener cautivas a las víctimas. En efecto, la planta alta fue el sector específico destinado a las torturas físicas.
En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Delgado destacó que “en lo referente al trato propiciado a las víctimas allí alojadas se advierten algunas particularidades”, pues en algunos casos “han referido las víctimas que en esta subcomisaría ellas no estaban encerradas, ni encapuchadas, ni sujetas con cadenas o esposas, lo cual le daba sentido a la denominación ‘Sheraton'”.
En ese sentido, el fiscal describió que en el caso de algunas de las víctimas “muchas veces el personal de custodia organizaba los encuentros de los detenidos con sus familiares e incluso llevaba a cabo un intercambio epistolar entre éstos” y remarcó que “la contracara de esta paradoja radica en el escaso porcentaje de sobrevivientes del CCDT, lo cual permite apreciar la relación entre el trato sufrido por las víctimas y su destino final”.
Fuente: argentina.inyimedia.org
