La defensora del Pueblo de La Matanza, Silvia Caprino, atendió en su despacho los requerimientos periodísticos de Diario NCO y en ese contexto, contó detalles de cómo acciona la repartición respecto a los reclamos de los usuarios por los aumentos desmedidos de tarifas. Para junio se espera la llegada de las facturas de gas, por lo que la funcionaria avizora un mes de mucho trabajo para la Defensoría.
Por: Carlos R. Correa
carloscorreaprensa@gmail.com
“Desde el último verano, la Defensoría del Pueblo viene recibiendo la visita de muchísimos usuarios muy preocupados por el importe de las facturas de energía eléctrica, que en general, son impagables”, comenzó diciendo la defensora del Pueblo.
NCO: ¿Y seguramente debe haber una sumatoria de reclamos?
S.C: Claro, porque acá hay varios problemas. Como ya dije, en tema de la luz fue un problema gravísimo, ya que cuando llegaron las facturas con los consumos de verano, se encontraron con unos montos enormes. Y encima con una dificultad, que es la imposibilidad de solucionarles el problema desde aquí, dado que si no tienen tarifa social, es imposible hacer algo con el resto de los consumidores. Lo único que podemos hacer es que les den un buen plan de pago, pero en el fondo, el problema central se debe resolver políticamente. Los primeros aumentos de tarifas se pudieron frenar porque se pudieron presentar amparos o medidas cautelares, debido a que no se habían realizado las audiencias públicas correspondientes. Pero después, cuando se llevaron a cabo, ya no se puede. Además hay que tener en cuenta que las mismas no son vinculantes.
NCO: ¿Ustedes, como Defensoría del Pueblo, participan de las audiencias públicas?
S.C: Sí y nosotros les hemos advertido que subieran los beneficiarios de la tarifa social, que pusieran valores más altos en los consumos de luz y gas para poder darle ese beneficio a algunas pequeñas medianas empresas y a clubes de barrio. Con estos últimos hay una ley que dice que les deben reintegrar el 40 por ciento del consumo, pero acá chocamos con la problemática de que la mayoría de los clubes de barrio no tienen la documentación en regla y los que sí han podido acceder, tienen bastantes dificultades para que le hagan el reintegro. Por lo tanto, deben abonar la luz y tras una espera de meses, pueden recuperan el porcentaje que les corresponde. Por lo tanto no es una solución muy práctica que digamos.
NCO: ¿Y con respecto a las tarifas de gas, qué nos puede decir?
S.C: Con el gas no tenemos tantos problemas porque hasta ahora -salvo algunos pocos días- hizo calor, pero no va a pasar mucho tiempo para que empiece el invierno y el período de mayor consumo. Por otro lado, en los últimos días han salido varias resoluciones, por ejemplo la presentación hecha en un Juzgado Federal de Dolores, que luego decidió suspender los cortes por 60 días. El fallo se basa en que no se había fijado en la audiencia pública cuál era el precio del gas antes del ingreso al proceso de distribución, cosa que sí había ocurrido en las otras dos audiencias públicas, donde se habían planteado tres temas: el precio de ingreso al sistema de gas, el transporte desde el lugar donde se extrae y la distribución domiciliaria en cada ciudad. En la última audiencia no se trató el precio de ingreso al sistema y al respecto el Estado dijo que sucedió eso porque estaba desregulado y no era un servicio público. Es cierto, el servicio público comienza en el transporte, pero la Corte Suprema había dicho en otros fallos que se debía fijar el precio, porque si no se fija el monto del ingreso al sistema, no se puede saber cuál es el verdadero precio del gas. Eso por un lado y por el otro, como esto es prácticamente un mercado oligopólico, el que pone el precio ese el transportista y el Estado es el que acepta.
NCO: ¿Y de las tres etapas cuál es la que verdaderamente encarece el servicio?
S.C: Las tres. Es un conjunto de cosas el que influye en la conformación de la tarifa. Por otra parte, el precio está en dólares, por lo tanto, el aumento del dólar hace que la tarifa suba automáticamente sin necesidad de que se produzcan otros aumentos. Además, lo que ha generado unos cuantos problemas es lo que sucedió con la luz y que va a suceder también con el gas, y que según figura en el boletín oficial de la semana pasada, hay una resolución que suspende la liquidación de los volúmenes de gas para los usuarios de la tarifa social de los períodos de consumo de mayo y junio. O sea que había un beneficio del 100 por ciento en una cantidad de metros cúbicos; del 75 por ciento de otra parte y ahora, esta resolución la han derogado y dejado que sea libre, por lo tanto se estaría beneficiando al que tiene tarifa social…
NCO:¿En qué se basan, cuál es el parámetro que se utiliza para beneficiar a un usuario con la tarifa social? Porque hay gente que debería tenerla y porque subalquila o es un matrimonio de jubilados, no puede obtener la misma…
S.C: Es verdad, a veces suele haber injusticias al respecto. Y yo agregaría los casos de los que tienen un auto, o los discapacitados, porque tienen un vehículo para poder desplazarse… ¡Eso es una barbaridad! Porque decían que debían tener un automóvil con al menos quince años de antigüedad y no es tan así. Necesita un vehículo más actual, porque si no muchos tendría inconvenientes por cuestiones mecánicas. Además, como tienen el beneficio de acceder a tener un auto sin pagar impuestos, les resulta mucho más barato poder adquirir un automóvil más moderno. Reitero mi conclusión: esto se resuelve políticamente y lo tienen que hacer la Cámara de Diputados, la de Senadores y el Gobierno. Veremos si se aprueba este miércoles y también tenemos que ver si el presidente (Mauricio) Macri cumple su promesa de vetar la ley, con un costo político enorme.
NCO: ¿Hay alguna otra alternativa para que se reduzcan los montos de las facturas?
S.C: Hay una cuestión que nosotros venimos planteando y que en algún momento algunos senadores -incluso del oficialismo- lo han comentado. Después tengo entendido que no lo han hecho y tiene que ver con que si las tarifas estaban atrasadas y se pagaba muy poco y el Estado ponía toda la plata para pagarle a las empresas transportadoras de gas y electricidad, no se justifica bajo ningún punto de vista que el IVA aumente 1.000 por ciento, porque el 20 por ciento de una cosa que aumenta el 1.000 por ciento, el aumento es de ese porcentaje. Por eso creo que podrían de alguna manera buscar la forma de bajar los impuestos, porque si uno observa detalladamente las facturas, hay algunas que tienen el 45% de cargas impositivas. Y el impuesto más fuerte es el IVA, con un 21% a los residenciales y el 27% a los comerciales. Es mucha plata. Yo no dijo que lo eliminen, pero sí podrían reducir algún porcentaje. Por ejemplo, con todos esos aumentos, un 15% menos representaría un montón de dinero que de alguna manera reduciría el precio final de las facturas.
NCO: ¿Están trabajando a full o ahora se ha parado un poco y seguramente cuando lleguen las tarifas de gas volverán a recrudecer las protestas?
S.C: En realidad los últimos tres meses fue un desfile constante por el tema de la luz y ahora considero que cuando comiencen a llegar las facturas de gas, los reclamos se van a incrementar y van a ser superiores a los que sucedió con la tarifa eléctrica, porque el aumento va a ser muy superior que el de la luz. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque me parece que el Estado ha permanecido bastante “distraído” digamos, en no orientar a los consumidores sobre el consumo responsable. En asesorarlos de cómo se deben utilizar los electrodomésticos, cuánto gasta cada uno. Acá viene mucha gente que no tiene noción del consumo que tienen. Además, ya que quiere bajar el consumo, el Estado debería ayudar a la población más vulnerable a que pueda acceder a los electrodomésticos de clase A, a darle créditos a través de la banca pública o de la Anses, para que la gente pueda adquirir electrodomésticos de bajo consumo. Pasa con las lámparas Led que son caras porque cuestan alrededor de 150 pesos, pero el gobierno podría de alguna manera hacer una promoción a precios razonables y que luego se la descuenten de la factura. No sé, creo que debería buscar la manera para que la gente pueda tener lamparitas baratas y sumado a los electrodomésticos clase A, esas medidas podrían hacer bajar mucho el consumo.
NCO: Hay funcionarios del gobierno que declaran haciendo también responsables a los municipios los aumentos de tarifas… ¿Lo hacen para confundir?
S.C: Es que los municipios no pueden bajar las tarifas… Como yo tampoco puedo conseguir que la gente pague menos, el municipio lo único que puede hacer es instruir a la intendenta para que haga las gestiones. Eso es lo que sucedió con la declaración de Emergencia Tarifaria que se aprobó en el HCD y que como no es vinculante, fue una buena manera de alertar a población. Hace unos veinte días tuve en las puertas de la Defensoría más mil personas de distintas organizaciones sociales y lo único que pude hacer fue acompañarlos a Edenor. Y la empresa les contestó que hay una ley que hay que respetar, que pueden tramitar la tarifa social o la gratuidad para los electrodependientes, algo que todos sabemos y que no hace falta peticionar.
NCO: Finalmente, ¿cómo se soluciona este embrollo?
S.C: Ya lo dije, aumentar las tarifas fue una decisión política que se resuelve a través de la política. Para darle una solución se deberían poner de acuerdo los diputados, los senadores y el gobierno. Es evidente que los aumentos son exagerados, me parece que no contemplaron muchas situaciones de vulnerabilidad que hay que tomar en cuenta. La gente está angustiada y va a llegar a un punto en que no va a poder pagar. Hay muchos que se enganchan poniendo en riesgo la vida. Eso está mal, pero la gente está desesperada y recurre a ese tipo de cosas.
