Los datos muestran un ajuste real en el financiamiento de programas de prevención y tratamiento, mientras el consumo de alcohol y tabaco continúa siendo la principal causa de muertes relacionadas a adicciones en el país.
Por Florencia Belén Mogno
La problemática de las adicciones en Argentina todavía constituye una de las principales deudas de las políticas sanitarias. Pese a los esfuerzos de organismos provinciales y municipales, las cifras de mortalidad y los indicadores de consumo se mantienen altos, en especial cuando se analizan sustancias de uso legal.
La discusión en torno a la prevención y el tratamiento de las adicciones no puede limitarse a discursos simbólicos: requiere inversión sostenida, campañas de concientización y un sistema capaz de garantizar acceso a quienes lo necesitan.
Sin embargo, los datos presupuestarios de los últimos años exhiben un estancamiento en el financiamiento destinado a estas áreas, que se traduce en menos recursos para programas y dispositivos de atención.
En este escenario, un informe reciente presentado por el defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires y al que accedió Diario NCO puso de relieve el estado actual del financiamiento en el área y la magnitud de la crisis.
Las cifras oficiales permiten observar el ajuste real en el presupuesto nacional para el abordaje de adicciones, así como las consecuencias que esto acarrea para la sostenibilidad de las políticas de prevención y tratamiento.
Financiamiento en retroceso: lo que muestran los números
El crédito inicial asignado para el área en 2025 fue de $41.782 millones, y posteriormente se incrementó a $54.244 millones. Aunque el aumento puede parecer significativo en términos nominales, no llegó al 30 por ciento y resultó muy inferior a la inflación acumulada del período, lo que en la práctica implicó un ajuste real del financiamiento.
Además, hasta el momento se ejecutaron más de $47.234 millones, lo que representa cerca del 87 por ciento de los recursos previstos. Este nivel de ejecución proyecta un cierre de año con un panorama ajustado para los programas de prevención, tratamiento y asistencia a personas con consumo problemático.
Las cifras se suman a un historial de presupuestos que, lejos de expandirse, mostraron un crecimiento apenas nominal. En 2023 el crédito había sido de $37.342 millones, con una ejecución cercana al 95%, mientras que en 2024 se alcanzaron $41.782 millones con un 97 por ciento de ejecución. La tendencia confirma un retroceso en la capacidad del Estado nacional de sostener políticas de largo plazo en la materia.
El costo humano de la inacción
Según el estudio, el impacto de este desfinanciamiento se observa en las estadísticas de salud pública: durante 2023, el 15,3 por ciento de las muertes en personas de entre 15 y 64 años estuvieron relacionadas con el consumo de sustancias.
Sin embargo, el relevamiento facilitado a este medio indicó que más del 98 por ciento de esos fallecimientos se vincularon con el consumo de alcohol y tabaco, dos sustancias legales y socialmente aceptadas.
La mayoría de estos decesos se produjeron de manera indirecta, a través de enfermedades crónicas y deterioros de salud que se acumulan con el tiempo. Esto convierte a las adicciones en una crisis silenciosa, menos visible que otros problemas sanitarios pero con un costo humano y económico altísimo.
Pese a estas cifras, la respuesta sanitaria resulta insuficiente: solo una de cada doce personas con un trastorno por consumo recibe algún tipo de tratamiento. Esto deja a la enorme mayoría de los afectados fuera del sistema, ya sea por falta de oferta, por dificultades de acceso o por barreras sociales y culturales.
Estigma, barreras de acceso y el rol de las mujeres
El estigma asociado al consumo es uno de los principales obstáculos para pedir ayuda. Según los datos de la Línea 141, apenas entre el 15 y el 18 por ciento de las llamadas provienen de personas que atraviesan el problema. La mayoría son allegados quienes dan el primer paso para iniciar el camino de la asistencia.
Las mujeres tienen un papel central en este proceso: madres, hermanas, parejas y amigas suelen ser el puente para que los varones accedan a un tratamiento. Paradójicamente, el consumo femenino sigue invisibilizado, ya que solo el 16 por ciento de los llamados refiere a mujeres con problemas de consumo, lo que evidencia una doble barrera: la dificultad para reconocer el problema y la menor disposición a buscar ayuda.
Este escenario deja claro que el problema de las adicciones es estructural y requiere un abordaje integral. No alcanza con la asistencia individual: se necesita inversión en prevención, dispositivos comunitarios y formación de equipos interdisciplinarios que puedan acompañar a las personas en todas las etapas del tratamiento.
Un desafío de política pública
Las cifras no son solo números: representan vidas truncas y familias afectadas. La falta de políticas integrales y de financiamiento adecuado perpetúa un círculo de exclusión y sufrimiento que se repite año tras año.
La solución requiere una estrategia de Estado que articule salud, educación, desarrollo social y justicia. Invertir en campañas de prevención, garantizar tratamientos gratuitos y accesibles, derribar prejuicios y brindar apoyo a las familias no son opcionales, sino condiciones para frenar el avance de esta crisis.
Si el presupuesto continúa siendo insuficiente y la respuesta estatal se mantiene fragmentada, el impacto en la salud pública seguirá creciendo. El desafío para los próximos años será priorizar este tema en la agenda política, reconocer la magnitud del problema y dar respuestas concretas que eviten que miles de vidas sigan apagándose en silencio.
Fuente fotografías: Defensoría del Pueblo bonaerense.
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