Campaña de firmas para lograr un aumento para las pensiones no contributivas.
La están impulsando dos ONGs, la Red Nacional de Pensionados No Contributivos y la Red Autónoma Argentina de Solidaridad que procuran juntar firmas entre los beneficiarios de las pensiones no contributivas para derogar el articulado de la ley 26.417( Ley de Movilidad de las Jubilaciones) que se refiere a este tipo de pensiones.
Por Emilio González Larrea
Son necesarias 10.000 firmas en la provincia
Juan Carlos Salas y Mónica López son dos vecinos de Villa Constructora, integrantes de RAAS (Red Autónoma Argentina de Solidaridad) que trabajan con las problemáticas de salud de los pensionados, en particular de las enfermedades crónicas, para lo cual recorren diferentes hospitales de capital y el conurbano ayudando a las personas beneficiarias de esta prestación previsional.
En este momento la ONG que integran está impulsando una campaña de recolección de firmas en la provincia de Buenos Aires para presentar acciones legales y administrativas para derogar o declarar inconstitucional los artículos referidos a las pensiones no contributivas en la ley 26.417. En dicha ley se establece que el haber de los pensionados debe ser del 70% de la jubilación mínima. Hoy es de 5.072 $ en bruto, lo que representa el 30% de lo que necesita una familia en la Argentina para no caer en la pobreza (16.677$).
La idea, nos dice Juan Carlos, es terminar con “esta discriminación de los pensionados e igualar hacia arriba su ingreso con el de los jubilados. Con la campaña se busca juntar 10.000 firmas para presentar en la justicia provincial, un recurso de amparo (medida cautelar) para retrotraer la situación a la ley anterior que no fijaba ese techo del 70% a las pensiones. La campaña se inicia en la provincia de Buenos Aires, los representantes van a ser 5 abogados que se van a comunicar con los pensionados que se adhieran a la misma. En La Matanza estamos juntando las firmas en el Hospital Paroissien, también fuimos al Hospital Balestrini pero su director nos negó el permiso para juntar firmas en el interior del mismo”.
Quitan derechos a los más vulnerables.
Para conceder una pensión no contributiva, actualmente los plazos se han extendido, tardando aproximadamente dos años. En el orden nacional hay 450.000 beneficiarios de estas pensiones y un millón y medio de pensionados totales.
Según denuncia nuestro entrevistado, “el gobierno nacional quiere imponer un certificado único de discapacidad (CUD) para conceder el derecho a la pensión no contributiva, ya no alcanzan los estudios médicos o el informe ambiental. Buscan complejizar más los trámites y tener un certificado, como pretende también hacer con la CUS (Cobertura Nacional de Salud, poseer un certificado de pobreza para lograr las prestaciones de salud. El macrismo, a través de estas políticas, busca quitar derechos sociales garantizados en la Constitución, y esas exigencias, como obtener un certificado de discapacidad único, reconocido solo por una autoridad centralizada del gobierno, hacen más tortuoso el camino para acceder a esos derechos de las personas más vulnerables de la sociedad”.
Antecedentes.
El año pasado el gobierno hizo caer 170.000 pensiones de todo orden, entre ellas miles por discapacidad, lo que provocó una presentación en la justicia por parte de la ONG REDI( Red por los Derechos de Personas con Discapacidad) que obtuvo como respuesta una medida cautelar dictada por la jueza federal Adriana Cammarata que instó al gobierno a restituir “en forma inmediata” todos los beneficios que fueron dados de baja, la sentencia fue confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social. Esto no se cumplió totalmente a pesar de la promesa de la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley de restituirlas; hubo miles que perdieron ese derecho y tuvieron que hacer acciones legales.
Estas políticas del gobierno nacional están en línea con las recomendaciones del FMI que en su informe de noviembre de 2016, (Report N°3/346) decía entre otras cosas que “los gastos de las pensiones aumentaron por la expansión en el número de beneficiarios y la creación de una pensión no contributiva” aconsejando para reducir estos “gastos”, entre otras cosas, “cambiar la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años en la próxima década. Lo que reduciría el déficit actual 10 puntos del PBI”, y reducir el haber inicial, es decir, bajar la relación entre el haber jubilatorio inicial y el salario, lo que significa bajar la cantidad y el monto del ingreso de cada jubilado. Ese objetivo viene a cumplir la Ley Previsional aprobada recientemente por el Congreso Nacional, que le roba 65.000 millones de pesos a los jubilados, pensionados y familias de la AUH (Asignación Universal por Hijo).
No entregan Medicamentos.
El PROFE (Programa Federal de Salud) era la denominación de la obra social de los pensionados que ahora ha sido sustituido, por el gobierno de Macri, por Incluir Salud, que de inclusión solo tiene el nombre ya que cada vez es más difícil acceder a la entrega de los medicamentos por los beneficiarios, llegando a retacear insulina para los dependientes o drogas oncológicas. “Muchas veces para obtenerlos es necesario realizar una acción judicial, un recurso de amparo o una medida cautelar”, afirma Juan Carlos Salas.
