Noticias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del expediente CFP 5048/2016/32/1/RH9 se pronunció negativamente respecto a la conocida causa que involucra directamente a Lázaro Baéz y Julio Miguel De Vido.
Hugo Lopez Carribero
Director. Derecho Penal.
Colegio de Abogados de La Matanza
Lázaro Báez era el encargado de dirigir la empresa de obras públicas Grupo Austral Construcciones. Según estudios del presupuesto vial de los últimos doce años, el 11,6 % de los fondos fue enviado hacia la provincia de Santa Cruz y el empresario Lázaro Báez llegó a manejar $ 24.500 millones dirigidos a contratos de obra pública.
El último martes martes 5 de septiembre del 2017, la Corte Suprema decidió por unanimidad desestimar el recurso de queja interpuesto por la defensa de Miguel Julio De Vido.
Este recurso de queja fue interpuesto como consecuencia del anterior rechazo del Máximo Tribunal con respecto a los planteos vía extraordinaria interpuestos por la defensa de los procesados, principalmente el que tenía por finalidad dejar sin efecto los llamados a indagatoria.
En segundo lugar, la Corte Suprema también dispuso rechazar los planteos de excepción de falta de acción, y el planteo de nulidad de los dictámenes fiscales.
Para así decidir el rechazo de la nulidad del requerimiento de instrucción y el llamado a prestar declaración indagatoria, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz consideraron que la presentación no había sido dirigida contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Lo que se investiga en esta causa, es el otorgamiento de contratos irregulares por parte del Estado Nacional, en favor del Grupo Austral Construcciones, a cargo de Lázaro Báez por un total de $21.600.000 (veintiún mil seiscientos millones de pesos).
Además, existen sospechas de sobreprecios en la obra pública asignada por el gobierno, y muchas de las mismas están sin terminar.
Según un informe emitido por Vialidad Nacional, la mitad de las 51 obras otorgadas al Grupo Austral de Lázaro Báez en Santa Cruz quedaron inconclusas a diciembre de 2015. De ellas, el 90% habían aumentado considerablemente su valor inicial, al igual que el plazo de obra inicial.
El 12 de septiembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini dispuso la citación a indagatoria de la expresidenta por presunto fraude a la administración pública, por direccionamiento de las obras en favor del empresario Lázaro Baéz.
La acusación apunta a la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que estuvo monopolizada por Austral Construcciones y sus empresas satélites, propiedad de Lázaro Báez.
Por este motivo, el juez Ercolini decidió establecer la inhibición sobre sus bienes, con el objeto de prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes.
El 27 de diciembre de 2016, por considerarlos prima facie coautores de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, el juez Ercolini procesó y ordenó el embargo sobre los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, entre otros, por $10.000.000.
Por los mismos delitos en grado de partícipe necesario procesó al empresario Lázaro Báez, ordenando igual embargo.
