Crímenes de lesa humanidad
Con la lectura de la pieza acusatoria, el Tribunal Oral Federal número 2 (TOF2) de Córdoba comenzó el juicio que se le sigue a ex miembros del Comando Radioeléctrico de la policía provincial por el fusilamiento de tres militantes de la Juventud Peronista (JP), ocurrido el 2 de junio de 1976, durante la dictadura.
El tribunal, integrado por los jueces José María Pérez Villalobo, Carlos Lascano y Fabián Asís, juzga a los ex policías Pedro Nolasco Bustos (57), Jorge Woroná (65) y José Filiberto Olivieri (67), quienes están imputados como responsables de las muertes de Jorge Manuel Diez, Ana María Villanueva y Carlos Delfín Oliva, quienes al momento del fusilamiento tenían 23, 20 y 26 años.
Durante la primera parte de la audiencia del cuarto juicio que se lleva a cabo en Córdoba por crímenes de Lesa Humanidad, la secretaria de cámara, Lorena Castelli, procedió a la lectura de la acusación contra los ex policías.
En su trascurso, la funcionaria judicial se refirió al marco histórico en que se produjeron los hechos, durante la dictadura cívico-militar a través del demonizado “operativo ventilador”, implementado con la finalidad de “aniquilar la subversión”.
El escrito leído por Castelli, califica al terrorismo de Estado como la forma “más aberrante que se pueda concebir, porque quien la ejerce dentro del poder debiera velar por los derechos de los demás”.
En la acusación también se brindaron detalles del procedimiento en el cual los militantes de la JP fueron fusilados en un procedimiento en el que se efectuaron 170 disparos.
El hecho ocurrió el 2 de julio de 1976, a las 10 de la mañana aproximadamente, cuando en la esquina de las avenidas Caraffa y Octavio Pinto, del barrio Villa Cabrera de la capital mediterránea, se encontraban conversando Villanueva, Diez y Oliva, junto a Héctor Ernesto Hunziker quien permanece en condición de desaparecido.
En esa oportunidad, los jóvenes estudiantes observaron a una persona que habría pertenecido al Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia (D2), por lo que decidieron alejarse del lugar.
Hunziker lo hizo caminando, y Villanueva, Oliva y Diez, lo hicieron a bordo del automóvil Fiat 128 de este último.
Apenas puesto en movimiento, el rodado fue interceptado por dos vehículos del Comando Radioeléctrico de la policía de Córdoba y al intentar huir, los jóvenes estudiantes fueron detenidos por los policías Pedro Nolasco Bustos, Andrés Rojo, Antonio Polakovich, Jorge Worona, Pedro Colazo y José Oliviere.
Posteriormente y tras recibir una dura golpiza por parte de los uniformados, Villanueva, Diez y Oliva fueron trasladados en uno de los móviles policiales a un descampado en inmediaciones del Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba, donde fueron fusilados.
Según consta en la resolución judicial, en aquella oportunidad se informó que las muertes se habrían producido a consecuencia de un supuesto enfrentamiento armado entre los efectivos de seguridad que realizaban un control vehicular y “extremistas”.
Por esta causa, Bustos, Woroná y Olivieri son juzgados por el presunto delito de “privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado”.
Luego de la lectura del auto de elevación a juicio, el abogado defensor de uno de los imputados, Alvaro Gáname, solicitó la suspensión de la audiencia y la nulidad del juicio, por considerar que existe una “pérdida de la imparcialidad”, a raíz de las recusaciones interpuestas contra los jueces y que fueran rechazadas por la Cámara Nacional de Casación Penal.
Por su parte, el fiscal Carlos Gonella, solicitó se rechace lo solicitado por el defensor, al señalar que esta actitud forma parte de la estrategia de la defensa de “dilatar el debate”.
“Nunca vi tantas recusaciones interpuestas ante este tribunal; es un verdadero festival de recusaciones”, que forman parte de las “chicanas y maniobras para dilatar el debate y obstaculizar el proceso judicial”, posición a la que adhirió el abogado querellante, Claudio Oroz.
Posteriormente, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 9, para resolver los planteos realizados durante la audiencia.
En esta causa también se encontraba imputado el represor Luciano Benjamín Menéndez, quien fue apartado de la causa debido a que debe afrontar otros juicios que se le siguen por crímenes de lesa humanidad en otras jurisdicciones.
También fueron apartados por fallecimiento los ex policías Andrés Rojo, Antonio Polakovich y Pedro Colazo, que también formaron parte del operativo policial.
Durante la primera audiencia, estuvieron presentes María Cristina Vázquez, secretaria de Derechos Humanos de la Nación, y Enrique Asbert, de la misma repartición.
También asistieron Graciela Chayep, ministra de Justicia de la provincia de Córdoba; Jorge Cuetas, director de DDHH de la provincia, Adrián López de DDHH de Chubut; la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Carolina Scotto y la titular de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres.
