El Movimiento Social por la Republica emitió un comunicado de prensa en el cual repudia la reciente designación del kirchnerista Ricardo Echegaray al frente de la Auditoria General de La Nación (AGN).
En sintonía con la líder nacional y diputada Elisa Carrió, el MSR sostiene que “Echegaray carece de la más mínima autoridad moral para ejercer un cargo de vital importancia para la transparencia de las Instituciones Republicanas por lo que debería hacerse una revisión de la situación y designar una persona honorable al frente de la AGN”.
El comunicado lleva las firmas del presidente del MSR, Héctor “Toty” Flores y del secretario general del espacio republicano, Mariano Álvarez. En una de sus partes más importantes menciona que “si bien el artículo 85 de la Constitución Nacional otorga al partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso, en este caso el FPV, la responsabilidad de proponer al auditor general de la Nación, las autoridades parlamentarias que aprobaron su designación deberían haber tenido en cuenta las impugnaciones realizadas a Etchegaray, como así también su prontuario al frente de la AFIP, que incluye persecuciones políticas, violación del secreto fiscal y un inexplicable enriquecimiento personal”.
Por último se hace “un llamado público a trabajar fuertemente y no abandonar ni desviarse un instante del camino señalado por la mayoría del pueblo argentino y que tuvo como principio básico e innegociable recuperar la República destruida en estos 12 años de gobierno kirchnerista”.
Contra la designación
Los diputados Nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez (Coalición Cívica ARI) presentaron esta semana un amparo contra la designación de Ricardo Echegaray al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN) y que se “declare la nulidad de la Resolución Conjunta del H. Congreso de la Nación” que lo designa y a cuyo fin solicitaron que se habilite la feria judicial.
Sánchez y Carrió explicaron que como lo advirtieran en la primera impugnación hecha ante las autoridades del Congreso, “Ricardo Echegaray no solo no es idóneo por haber violado el secreto fiscal, por haber promovido la vulneración de la garantías del debido proceso penal en las causas penales que se utilizaron contra Carrió, y por haber vulnerado los derechos políticos y las inmunidades parlamentarias de la ciudadana que ejerce el cargo de diputada de la nación. Sino que además, no cumple con los requisitos establecidos en el art. 85 por la Constitución Nacional para ser elegido miembro de la Auditoria General de la Nación, en tanto el mismo cuenta con procesos judiciales pendientes”.
“El acto impugnado resulta infundado y violatorio de los artículos 16, 37,68, 85 y concordantes de la Constitución Nacional y art. 126 de la ley 24.156. Implicando una amenaza inminente a nuestros derechos protegidos constitucionalmente”, escribieron Carrió y Sánchez y recordaron que también “se encuentra abierta una causa contra el Sr. Ricardo Echegaray por enriquecimiento ilícito que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12”.
Los diputados de la CC ARI agregaron: “Considerando que el Sr. Echegaray ya habría asumido en el cargo de Presidente de la AGN, solicitamos se dicte una medida cautelar en los términos de los artículos 230 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a fin de suspender los efectos de la Resolución Conjunta N° 1/2016 que designa al Sr. Ricardo Daniel Echegaray como presidente de la Auditoria General de la Nación (AGN), y consecuentemente, notificar al Colegio de Auditores de la AGN, para que se abstengan de otorgar actos que requieran la actuación del nombrado como Presidente del organismo, hasta que se resuelva el fondo del asunto en el presente amparo”.
Antecedentes
El 22 de diciembre pasado, Carrió había presentado una impugnación ante las autoridades del Congreso fundada en que Echegaray está siendo investigado por la Justicia en al menos tres causas. En una de ellas, es acusado de haber armado una persecución política contra ella desde su cargo en la AFIP que fue ampliamente reproducida por los medios del Grupo del empresario kirchnerista Sergio Szpolski.
En el escrito, Sánchez y Carrió refieren a aquella impugnación y relata que entonces sostuvieron que la diputada “fue víctima de una operación mediática e ilegal de la que el Sr. Echegaray fue un actor central, y donde intervinieron grupos de medios afines al gobierno de ese entonces y la propia agencia de prensa estatal. Y por tal motivo, señalé que la Auditoría General de la Nación, como organismo de asistencia técnica del Congreso, no puede estar integrada por personas acusadas de haber vulnerado los privilegios parlamentarios de ningún miembro del poder del Estado del cual dependen y al cual deben asistir”.
El 23 de diciembre, Carrió amplió la impugnación en virtud de la causa “Ciccone”, en la cual el fiscal federal Jorge Di Lello solicitó la declaración indagatoria de Ricardo Echegaray en el marco de la causa que tramita el juez Ariel Lijo, “en tanto existen constancias en la causa que dan cuenta del conocimiento e intervención personal que tuvo Echegaray respecto de la situación de la empresa Ciccone Calcográfica S.A. Señalando que ese pedido de avanzar sobre la situación procesal de Echegaray habría sido reiterado recientemente por el fiscal Di Lello al juez Lijo” remarcaron.
