González Catán
Tras el escándalo ocurrido en diciembre último, desde el gobierno de la provincia se decidió que el establecimiento pase a la orbita estatal. A partir de ahora, a la institución se la denomina Jardín Nº 1017.
Tras el penoso escándalo ocurrido en el “Jardín El Abuelito” de González Catán, se finalizó el proceso de estatización del establecimiento, que ahora se denomina Jardín Nº 1017 y pertenece a la orbita estatal.
El establecimiento fue el centro de la polémica por la actitud discriminatoria de de sus dueñas, que durante el acto de fin de año, le quitaron sus medallas a los nenes cuyos padres no habían pagado la cuota, una vez que lo recibían en el escenario.
La publicación de un video en la web, fue el detonante para que el tema tuviera una inmensa repercusión, al punto que el 22 de diciembre de 2011, fue el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el que entregó las medallas nuevamente a los chicos.
Además, desde el gobierno provincial, se tomó la decisión de estatalizar al jardín, proceso que quedó finalizado. Son 113 alumnos los que concurren al ahora Jardín Nº 1017, sin abonar ningún tipo de arancel.
“Efectivamente se estatizó. No era una escuela privada, en realidad era una escuela clandestina”, señaló Néstor Ribet, director de provincial de Educación de Gestión Privada. Las maestras que desempeñaban sus funciones en el jardín, también fueron también transferidas a la órbita de la provincia y continúan trabajando en la institución.
Una vez que se iniciaron las investigaciones sobre el jardín, se estableció que el establecimiento no estaba inscripto en la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (Dipregep), así como tampoco en la Municipalidad de La Matanza, a pesar de que desde el jardín, se autodenominaban “comunitario”.
De hecho, ese fue uno de los principales cuestionamientos al jardín, cuya cuota tenía un valor mensual de 100 pesos. Los padres de los alumnos explicaron que no tenían otra opción, ya que en la zona no había hasta ahora un establecimiento público de educación inicial.
Fue a raíz de este caso, que desde la Comuna comenzó un proceso de creación de un protocolo para jardines comunitarios, destinado a establecer claras pautas para diferenciar a las instituciones educativas privadas, de lucro económico y que deben estar inscriptas en la Dipregep, de las que brindan servicios a la comunidad, más allá de lo estrictamente educativo.
Por otro lado, también se esperan los resultados de las presentaciones que fueron realizadas, en conjunto con el Municipio de La Matanza, ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
Además las autoridades provinciales realizaron una denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6, a cargo de la fiscal Mariana Sogio por discriminación y por el marco ilegal en que funcionaba el jardín.
