El ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, firmó la resolución que frena la instalación de cámaras de vigilancia en escuelas, tal como le ordenó la Justicia, informaron la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH).
El vocero del Ministerio de Seguridad porteño, Eduardo Cura, dijo a Télam que la decisión había sido tomada desde hace 20 días durante una audiencia con la jueza Elena Liberatori, “y lo que se suscribió fue el paso formal de esa audiencia”.
Montenegro dictó la Resolución 627 que ordena a todas las empresas adjudicatarias que se abstengan de instalar las cámaras.
Cura destacó además que la cartera de seguridad porteña “nunca pensó en instalar cámaras de seguridad dentro de las escuelas, sino en la periferia, por lo que a partir de mañana comenzarán los trabajos pertinentes”.
De esta manera, el Gobierno de la Ciudad cumple con lo ordenado por la Justicia, luego de la audiencia convocada por Liberatori, en la que se lo había intimado “a que en el término de 10 días acompañe al expediente el acto administrativo correspondiente a suspender la instalación de las cámaras de seguridad”.
La prohibición rige para todas las escuelas públicas de la Ciudad, así como para otros establecimientos donde pudieren resultar afectados los derechos a la intimidad y privacidad de niños, niñas y adolescentes.
Esta resolución ha sido consecuencia de la medida cautelar dispuesta por Liberatori, ante la presentación de la UTE y el ODH, en patrocinio de padres de niños que concurren a escuelas públicas.
“Se negaron a dialogar con nosotros y los docentes, por eso tuvimos que recurrir a la Justicia para recordarle al Poder Ejecutivo porteño que existe un límite a la discrecionalidad administrativa”, explicó el abogado del ODH Demián Konfino.
El secretario general de UTE, Eduardo López, consideró la noticia “un doble triunfo, ya que este gobierno no tiene por costumbre cumplir con las mandas judiciales”.
