
La reunión realizada en la sede Capital de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, fue encabezada por el ministro de Gobierno de la provincia, Joaquín de la Torre. A su vez, el grupo de jefes comunales estuvo liderado por Verónica Magario, intendenta municipal de La Matanza y presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM).
Un grupo de intendentes peronistas bonaerenses fue recibido por autoridades del Gobierno de María Eugenia Vidal, a las que reclamaron que declare la emergencia económica, social y alimentaria en el distrito a fin de “evitar que se produzca una crisis social” en el conurbano de cara a fin de año.
Preocupación por el desfinanciamiento
El encuentro se llevó a cabo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la Capital Federal y fue encabezado por el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre; el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano; el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien además lidera la Federación Argentina de Municipios (FAM).
Por el lado de los intendentes, además de Magario, estuvieron los jefes comunales de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Hurlingham, Juan Zabaleta; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Cañuelas, Gustavo Arrieta; de Esteban Echeverría, Fernando Gray; de San Martín, Gabriel Katopodis; de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Escobar, Ariel Sujarchuk; y de Tigre, Julio Zamora.
En medio del malestar por la eliminación del llamado “Fondo Sojero”, los intendentes advirtieron sobre el desfinanciamiento de sus municipios y la difícil situación que se vive en los barrios del conurbano ante la crisis económica.
De hecho, en el primero de tres encuentros que tendrán los ministros con referentes de los municipios (los dos iniciales con jefes comunales del conurbano y el tercero con los del interior), los intendentes “responsabilizaron a Cambiemos por la crisis” y elevaron su pedido de ayuda al gobierno central.
Puntualmente, solicitaron “que se autoricen fondos extraordinarios a fin de brindar asistencia y garantizar la prestación de servicios sociales y alimentarios, previendo la ejecución de programas y ayudas excepcionales destinadas a sostener las necesidades elementales de los sectores más vulnerables”.
Además, los intendentes que gobiernan importantes distritos del conurbano y no forman parte del oficialismo reclamaron que se conforme una “Mesa de Diálogo Social Bonaerense”, integrada por intendentes, legisladores y representantes de entidades sindicales, patronales, confesionales y de la sociedad civil para asistir al Ejecutivo en el diagnóstico de la situación económica, social y alimentaria, el debate, gestión y coordinación de acciones específicas para mitigar las consecuencias de la crisis, y el seguimiento de los resultados.
Magario y la falta de recursos
“En la reunión con los funcionarios bonaerenses, planteamos la necesidad de declarar la emergencia económica y social en la Provincia. Tenemos un problema de recursos para educación y, sobre todo, tema sociales. La demanda de alimentos se ha multiplicado”, dijo Verónica Magario al finalizar el encuentro.
Y seguidamente puntualizó que “el 32 por ciento del fondo sojero llegaba a los municipios, pero el resto era de la Provincia y servía para obras”. “Las obras están suspendidas en todos los distritos, venimos perdiendo fondos de todo tipo, como el sojero, y la situación es grave”, sintetizó la mandataria municipal.
“Frente a la crisis económica reclamamos que se declare la emergencia para poder ayudar a los sectores más comprometidos. Escucharon nuestro pedido y seguiremos trabajando en una mesa de diálogo a la que pedimos se sumen todos los sectores productivos de la comunidad. Si esto se pone en marcha podremos transitar un camino que evite la crisis social”, señaló Magario ante la prensa tras la audiencia.
Los intendentes consideran que la creación de una mesa de diálogo social, con la participación de legisladores y sindicatos para coordinar acciones específicas, evitarían el estallido de una crisis social. Como respuesta a esas demandas, los funcionarios bonaerenses aseguraron que se seguirá reforzando la implementación de programas sociales y alimentarios en todos los distritos bonaerenses.