La Concejal del PTS-FIT U por La Matanza y Secretaria de Mujer y Géneros del Suteba local, denunció la situación que se vive en distrito sobre la implementación de la Ley 27.610 que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación y permite su práctica en hospitales públicos tanto como en instituciones privadas y obras sociales. Llamó a movilizarse este 8 de marzo por la implementación de la ley y contra el acuerdo con el FMI que afecta mayoritariamente a las mujeres.
Sobre la situación a nivel local planteó: “El presupuesto 2022 del municipio no destina ni un peso para el acceso de las mujeres y personas gestantes al derecho al aborto. Las trabajadoras de la salud denuncian falta de recursos y métodos anticonceptivos. En algunos centros de atención médica, es la persona gestante quien tiene que comprar el misoprostol”.
“A su vez faltan anticonceptivos, inyectables mensuales y trimestrales, DIU. No hay Consejerías y no hay difusión de la ley. Sumado a esto, las iglesias que pretenden negar los derechos a las mujeres, tienen un estrecho vínculo con el gobierno local, con una Subsecretaría de Culto, que en el presupuesto 2022 tampoco clarifican cual es la partida que el Municipio destina. Tenemos que organizarnos para garantizar el acceso a nuestros derechos”, apuntó Hernández.
Y continuó: “Este 8 marzo las docentes junto a Suteba Matanza paramos y nos movilizamos, tenemos que ser miles en las calles por nuestros derechos. Las más afectadas por el ajuste, hoy somos las mujeres. En las escuelas, lugares de estudios, barrios, junto a las trabajadoras estatales, las mujeres de las luchas que pelean por defender sus puestos de trabajo como La Nirva y por vivienda, las trabajadoras precarizadas y desocupadas, de las fábricas recuperadas como Madygraf (ex Donneley), estudiantes secundarias terciarias y universitarias, organizaciones sociales y de la izquierda debemos organizarnos y salir nuevamente a las calles.”
Para concluir planteó que “este Día internacional de las mujeres, a dos años de la pandemia seguimos peleando por nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por la efectiva implementación de la Ley 27.610, por una ESI laica, científica y con perspectiva de género en las escuelas”.
“Por la separación de las iglesias del estado. Sabemos que el acuerdo del gobierno con el FMI solo trae más recortes en recursos para salud, educación, vivienda, hacer frente a la situación de las mujeres víctimas de la violencia de género, a las que quedaron sin empleo en la pandemia, a la de las precarias. Por eso la exigencia de No al pago de la deuda y de ruptura del acuerdo con el FMI marca este 8 de marzo”, cerró Hernández.
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