Organizaciones internacionales y de la sociedad civil advirtieron sobre el desmantelamiento de políticas públicas, recortes presupuestarios y tensiones en materia de salud sexual, paridad y cuidados.
Por Florencia Belén Mogno
El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (CEDAW), manifestó su preocupación por la situación de los derechos humanos de mujeres y diversidades en Argentina.
Durante el último examen periódico, el organismo analizó el impacto de decisiones institucionales adoptadas desde fines de 2023 en áreas sensibles como la prevención de la violencia de género, la salud sexual y reproductiva, los sistemas de cuidados y la protección de personas con orientaciones sexuales e identidades diversas.
En su evaluación, el Comité observó la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la reducción de programas específicos y el recorte de partidas presupuestarias destinadas a políticas contra la violencia de género. No obstante, la delegación argentina rechazó de manera reiterada que se tratara de un retroceso en el cumplimiento de obligaciones internacionales.
Según el documento al que accedió Diario NCO, diversas organizaciones de derechos humanos presentaron información alternativa ante el Comité en la que describieron un escenario distinto al expuesto por la representación estatal.
Algunas fueron Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Campaña GQUAL, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), el Comité Latinoamericano y del Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y la Asociación por los Derechos Civiles (ACDH).
Posturas contrapuestas entre el Estado y la sociedad civil
Las entidades alertaron sobre el desmantelamiento de políticas públicas específicas, el vaciamiento institucional de áreas dedicadas a género y diversidad y un fuerte recorte presupuestario que, según señalaron, limitó el derecho de mujeres y personas LGBTI+ a vivir una vida libre de violencias.
Asimismo, tales organismos también cuestionaron la ausencia de un Plan Nacional de Acción para prevenir la violencia de género y la eliminación de programas de asistencia económica y legal.
En ese sentido, representantes de ELA afirmaron que el Estado nacional había abandonado su rol de garante de un piso mínimo de derechos, al tiempo que recordaron datos sobre femicidios que evidenciaron la especificidad de la violencia por motivos de género. Estas intervenciones pusieron en tensión la narrativa oficial que relativizó el enfoque diferencial.
Aborto, salud sexual y educación integral
Durante el diálogo, la delegación argentina sostuvo que no existía un derecho al aborto consagrado como tal en el derecho internacional y planteó que la salud sexual y reproductiva era competencia exclusiva de las provincias. Estas afirmaciones generaron cuestionamientos por parte de organizaciones que citaron estándares internacionales vinculados a los derechos a la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación.
De acuerdo con el documento facilitado a este medio, desde el CELS se advirtió que el Estado había paralizado la distribución de insumos vinculados al acceso al aborto legal y recortado anticonceptivos, delegando responsabilidades en las jurisdicciones sin mecanismos de transición adecuados.
A su vez, REDI y FAICA alertaron sobre las barreras que enfrentaron mujeres con discapacidad para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo falta de infraestructura accesible e información adecuada.
En materia educativa, la delegación negó que existiera un derecho exigible a la educación sexual integral en el plano internacional y sostuvo que la orientación en planificación familiar correspondía principalmente a las familias.
Desde Amnistía Internacional Argentina se respondió que estas posiciones desconocieron el carácter de sujetos de derecho de niñas, niños y adolescentes y su acceso autónomo a información y educación.
Paridad, trabajo y políticas de cuidado
Por otra parte, el relevamiento consultado señaló que el Comité también abordó la cuestión de la representación política y las medidas de acción afirmativa. La presidenta del CEDAW recordó que las medidas especiales, como las leyes de cupo, resultaron necesarias para acelerar la igualdad sustantiva, ante la persistencia de brechas históricas en espacios de decisión.
Desde la Campaña GQUAL se señaló que en más de 160 años solo tres mujeres habían integrado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció la existencia de techos de cristal en los máximos órganos judiciales. Las organizaciones remarcaron que la subrepresentación femenina se replicó en distintos niveles del Estado y en postulaciones a cargos internacionales.
En el ámbito laboral y de cuidados, CLADEM alertó sobre la profundización de la precarización y la pobreza con impacto diferenciado por género, así como sobre proyectos de reforma laboral que podrían afectar de manera desproporcionada a las mujeres. Asimismo, se advirtió sobre la paralización de infraestructura de cuidado y la reducción de prestaciones sociales, lo que incrementó la carga de trabajo no remunerado y afectó la autonomía económica.
Finalmente, desde ACDH se cuestionó la orientación de la política ambiental, señalando el debilitamiento de la protección de bosques y glaciares y el impacto diferencial en mujeres indígenas, rurales y migrantes.
En este contexto, las organizaciones instaron al Estado argentino a cumplir de manera urgente sus obligaciones internacionales en el marco de la Convención CEDAW y revertir medidas consideradas regresivas, reforzando instituciones, presupuesto y un enfoque interseccional que atendiera desigualdades territoriales y múltiples formas de discriminación.
Fuente fotografías: CEDAW.
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