Un equipo interdisciplinario estudió el conflicto entre la Comunidad Multiétnica Tres Ombúes y el Barrio Puente 13, y expuso las falencias en el cumplimiento de derechos territoriales, ambientales y culturales en el distrito.
Por Florencia Belén Mogno
La cuestión indígena en los territorios urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a instalar interrogantes sobre el acceso a la tierra, el reconocimiento identitario y el alcance real de los derechos consagrados en la normativa nacional e internacional.
En distritos con alta presión demográfica y fuertes dinámicas inmobiliarias, los conflictos por el uso del suelo revelaron tensiones estructurales entre desarrollo urbano, preservación ambiental y derechos colectivos.
En ese escenario, el Partido de La Matanza se consolidó como un caso emblemático. Allí, las disputas territoriales no solo pusieron en discusión la propiedad o el uso del espacio, sino también la memoria ancestral, la relación con los humedales y las formas comunitarias de habitar.
En ese sentido y según el documento al que accedió Diario NCO, se presentó la investigación titulada “Problemáticas y demandas públicas indígenas en el Partido de La Matanza” dirigida por Macarena Del Pilar Manzanelli, codirectora del Programa de Investigación “Pueblos Originarios, derechos, políticas públicas e interculturalidad”.
Territorio, memoria y disputa urbana
En relación al equipo de trabajo, además de especialistas de la UNLaM, la investigación también, y contó con la participación de profesionales de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET.
El trabajo analizó el conflicto territorial entre la Comunidad Multiétnica Tres Ombúes y el Barrio Puente 13, en un contexto atravesado por el incumplimiento de derechos vinculados al acceso al territorio, a un desarrollo con identidad y al respeto por la biodiversidad.
A partir de un abordaje etnográfico, el equipo identificó falencias en el reconocimiento efectivo de derechos territoriales, así como limitaciones en la implementación de mecanismos de participación y consulta.
La disputa implicó la destrucción de parte de un espacio considerado por la comunidad como Territorio de Memoria Indígena y humedal. Frente a avances inmobiliarios que la organización interpretó como ilegales y ante la inacción estatal, el conflicto adquirió mayor visibilidad pública.
Los investigadores señalaron que la situación se inscribió en dinámicas urbanas desiguales, marcadas por lógicas extractivistas y por la débil aplicación de normativas de protección ambiental.
Desde 2021, la comunidad desarrolló prácticas colectivas orientadas a reafirmar su vínculo con el territorio. Talleres, ceremonias y acampes funcionaron como instancias de aprendizaje, intercambio de saberes y fortalecimiento identitario. Esas acciones no solo tuvieron una dimensión cultural, sino también política, al constituirse como estrategias de visibilización y de incidencia en la agenda pública local.
Acciones autogestivas y posicionamientos políticos
El informe destacó que, ante el escenario de conflicto, Tres Ombúes impulsó acciones autogestivas sustentadas en sus modos de vida comunitarios, al tiempo que llevó adelante gestiones formales ante actores estatales locales, provinciales y nacionales. Las presentaciones ante organismos públicos y las manifestaciones territoriales buscaron reclamar el resguardo del espacio y exigir el cumplimiento de derechos colectivos.
En conjunto, estas iniciativas configuraron posicionamientos públicos-políticos orientados a denunciar el avance urbano sobre territorios considerados ancestrales y a legitimar formas comunitarias de habitar. La comunidad planteó la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria, el respeto por la biodiversidad y el desarrollo territorial con identidad, en contraposición a modelos de urbanización que consideró excluyentes.
Asimismo, la investigación subrayó la relevancia de la articulación con el ámbito académico. El vínculo con la universidad abrió la posibilidad de construir un trabajo intercultural que fortaleciera las demandas indígenas y promoviera el cumplimiento efectivo de derechos territoriales y culturales.
En sintonía con lo planteado, cabe subrayar que el proyecto aportó herramientas analíticas y visibilidad institucional a una problemática que, según el estudio, permaneció históricamente relegada en el debate público.
Las conclusiones señalaron que el conflicto no se redujo a una disputa puntual por tierras, sino que expresó tensiones más amplias en torno a quiénes podían decidir sobre el territorio urbano y bajo qué criterios.
En ese marco, la investigación sostuvo que reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho implicó no solo un enunciado normativo, sino la necesidad de garantizar mecanismos concretos de participación, consulta y protección territorial en contextos urbanos complejos como el de La Matanza.
Fuente fotografías: redes sociales.
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