La reducción de recursos dispuesta por el Gobierno Nacional afectó de manera directa las obras de urbanización, vivienda y servicios en uno de los distritos con mayor cantidad de barrios vulnerables del país.
Por Florencia Belén Mogno
La política de integración socio urbana se consolidó en los últimos años como una herramienta clave para reducir desigualdades estructurales en los grandes conglomerados urbanos. A través de programas específicos, el Estado Nacional financió obras de infraestructura básica, mejoramiento habitacional y generación de espacios comunitarios en barrios históricamente postergados.
Estos fondos permitieron avanzar en la regularización del acceso a servicios esenciales como agua potable, cloacas y electricidad, además de impulsar la construcción de viviendas y el fortalecimiento del entramado comunitario.
Sin embargo, las decisiones presupuestarias adoptadas a nivel nacional modificaron sustancialmente el esquema de financiamiento destinado a estos programas. La reasignación de partidas generó preocupación en distintos distritos del conurbano bonaerense, donde las obras en ejecución dependían de transferencias específicas para su continuidad.
En ese contexto y según el documento al que accedió Diario NCO, el Instituto de Estudio y Administración Local (IDEAL) advirtió que, a través del decreto durante el gobierno nacional actual tuvo lugar una reducción casi total de la partida correspondiente al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Mientras anteriormente se destinaba un 30 por ciento de determinados recursos para financiar obras de vivienda social mediante este fondo, la nueva normativa estableció que solo se asignaría el uno por ciento, lo que implicó un recorte sustancial para los barrios populares.
El recorte nacional y su impacto local
En sintonía con lo planteado anteriormente, en el caso de La Matanza, el informe indicó que el distrito contaba con 164 barrios populares registrados en el RENABAP, donde residían 63.268 familias.
En ese contexto, las inversiones del FISU habían tenido un impacto significativo en la reducción de desigualdades estructurales, al permitir intervenciones integrales en infraestructura, vivienda y desarrollo comunitario.
De acuerdo con los datos sistematizados por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), en el municipio se habían invertido más de 25 mil millones de pesos en obras financiadas por el fondo, beneficiando directamente a más de 35 mil familias y generando, además, un movimiento económico relevante en el sector de la construcción y en los comercios locales.
Obras de integración y mejoras en servicios básicos
A su vez, el documento detalló que se habían ejecutado 84 obras de integración en barrios populares, alcanzando a 21.965 familias, junto con 145 obras de vivienda que beneficiaron a 14.143 hogares. También se desarrollaron intervenciones vinculadas al acceso al suelo que impactaron en 240 familias.
Entre los resultados más significativos se destacó que más de 4.400 viviendas accedieron por primera vez a la conexión de agua potable, más de 1.100 lograron incorporarse a la red de cloacas y más de 14.200 pudieron ampliar su superficie construida para reducir situaciones de hacinamiento. Asimismo, se generaron 247 lotes para nuevas viviendas y se construyeron cuatro establecimientos educativos.
En materia de infraestructura urbana, se registraron más de 200 mil metros cuadrados de veredas, calles y espacios verdes intervenidos. Además, se extendieron redes eléctricas, de agua y cloacas a lo largo de miles de metros lineales, consolidando el acceso a servicios básicos en sectores históricamente relegados.
Vivienda, espacio público y desarrollo comunitario
No obstante, el estudio también señaló que la inversión permitió realizar mejoras en más de 14.000 viviendas, construir nuevas unidades habitacionales y habilitar módulos de baño y cocina en hogares existentes. En paralelo, se avanzó en la generación de nuevos lotes residenciales para facilitar procesos de regularización dominial y acceso formal al suelo.
En cuanto al espacio público, se ejecutaron obras de apertura y mejoramiento de calles, construcción de veredas, instalación de alumbrado público y ampliación de redes de desagüe. Estas intervenciones no solo mejoraron la circulación y la seguridad, sino que también fortalecieron la integración territorial de los barrios con el resto del entramado urbano.
A su vez, el eje de desarrollo comunitario incluyó la creación de centros comunitarios, espacios recreativos y deportivos, establecimientos educativos y espacios productivos. También se implementó un centro verde orientado a la gestión integral de residuos sólidos urbanos, ampliando el alcance ambiental de las políticas de integración.
Un debate sobre el rol del Estado
El documento concluyó que la magnitud de las intervenciones realizadas evidenciaba la importancia estratégica del Fondo de Integración Socio Urbana para sostener procesos de urbanización en contextos de alta vulnerabilidad. La reducción de la partida presupuestaria, según el análisis, ponía en riesgo la continuidad de obras en ejecución y limitaba la posibilidad de ampliar derechos en barrios populares.
Más allá de las cifras, el informe planteó que el recorte impactaba directamente en la calidad de vida de miles de familias, al afectar el acceso a servicios esenciales, infraestructura básica y espacios comunitarios. En un distrito como La Matanza, donde la demanda social es elevada, la continuidad de este tipo de financiamiento resultaba clave para consolidar avances y evitar retrocesos.
En ese marco, el debate sobre el financiamiento del FISU se inscribió en una discusión más amplia acerca del rol del Estado en la reducción de desigualdades urbanas y en la garantía de derechos básicos para los sectores más vulnerables del conurbano bonaerense.
Fuente fotografías: redes sociales.
Te Puede Interesar:
https://www.instagram.com/diarioncomatanza
https://facebook.com/diarionco
